El Gobierno británico se mostró ayer desafiante y dijo que activará el artículo 50 del Tratado de Lisboa el próximo 15 de marzo, que dará así inicio al ‘divorcio’ de la Unión Europea (UE), a pesar de una derrota en la Cámara de los Lores por la llamada ley del Brexit.
Los lores derrotaron este miércoles al gobierno por 358 votos contra 256 para forzarlo a garantizar los derechos de los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido después de la salida del bloque.
Solo siete lores conservadores votaron a favor de la enmienda, que fue propuesta por la banca laborista con el apoyo de los Liberales Democráticos.
Los cambios de la oposición laborista fueron aprobados por la Cámara Alta porque los conservadores de la primera ministra Theresa May son minoría, pero ahora la ley se trasladará a la Cámara de los Comunes, donde, salvo sorpresa, será rechazada.
Ello se espera para el próximo martes, pero antes los lores decidirán si apoyan o no más enmiendas a la ley. La revuelta supone la primera advertencia del Parlamento de que no se conformará con un papel de espectador durante la ruptura con la UE.
Voceros de Downing Street, residencia oficial en Londres de la primera ministra, dijeron que están “decepcionados” por la derrota, pero reiteraron la intención de la mandataria de invocar el artículo 50 el día 15 de marzo.
Según el gobierno, la legislación debe permitir a las autoridades británicas iniciar de una vez el proceso de separación de la UE, tras el referéndum de junio pasado en el que la mayoría de la población votó por el ‘divorcio’ del bloque comunitario.
Sin embargo, los lores determinaron que May y su administración conservadora busca utilizar a los ciudadanos europeos residentes en el Reino Unido como “monedas de cambio” con otros países, en caso de que estos últimos decidan quitarles derechos de residencia a ciudadanos británicos que vivan allí.
La enmienda apoyada por los lores obliga al gobierno a introducir propuestas dentro de los tres meses posteriores a la activación del artículo 50 para garantizar que los ciudadanos europeos tengan los mismos derechos que los británicos tras el Brexit.
Por su parte, la subsecretaría para la salida de la UE indicó estar “decepcionada” por el rechazo de los lores a la ley. “Esta legislación tiene un objetivo sencillo: Poner en práctica el resultado del referéndum y permitirle al gobierno iniciar las negociaciones (salida)”, agregó.
Mientras tanto, lord Bob Kerslake, exjefe del servicio de funcionarios públicos, manifestó que la votación demostró que los lores “sintieron con mucha fuerza que los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido son un tema que debe resolverse ahora”.
Kerslake señaló que aunque el gobierno dio garantías acerca de que quiere resolver el asunto lo antes posible, existe el riesgo de que la controversia se extienda al menos dos años más.
Al respecto, la líder en la oposición de los lores, la baronesa laborista, Angela Smith, consideró que hay la obligación “moral” y “legal” para garantizar los derechos de los ciudadanos europeos en Gran Bretaña.
Para la también laborista Dianne Hayter, “esta gente tiene que saber ahora, no en dos años o en 12 meses” si podrán seguir viviendo y trabajando en el Reino Unido. “Hay que terminar con su incertidumbre”, añadió, antes de dirigir un mensaje al gobierno: “Ustedes no pueden negociar con el futuro de la gente. Son demasiado valiosos para ser considerados monedas de cambio”.
En tanto, la baronesa conservadora, Molly Meacher, afirmó que habría al menos 30 parlamentarios “tories” (conservadores) que quieren apoyar la enmienda de los lores en la Cámara de los Comunes, aunque anticipó que el bloque oficialista “trabajará muy duro para que estos legisladores voten a favor del gobierno”.
La Cámara de los Lores es integrada por miembros no electos, designados por los partidos, por nobles y altos jerarcas de la Iglesia de Inglaterra, y su desafío arreciará probablemente los llamamientos a reformarla o suprimirla.
La suerte de los 3 millones de europeos que viven en el Reino Unido se ha vuelto uno de los asuntos más espinosos del Brexit. Aunque son importantes en sectores como la sanidad, la hotelería y la agricultura, el gobierno parece decidido a satisfacer a quienes reclaman la reducción de la inmigración.
La polémica llevó a la creación del movimiento de europeos en el Reino Unido llamado ‘The 3 million’ (‘Los 3 millones’), que tiene el lema ‘no somos monedas de cambio’ y que reclama mantener su derecho a residencia y trabajo.
En el otro extremo, 900.000 británicos residen permanentemente en la UE, más de un tercio de ellos en España, la mayoría es de jubilados afincados en el sur.
En una tentativa de último minuto para frenar la revuelta de los lores, la ministra de Interior, Amber Rudd, les dirigió una carta expresando el compromiso de tratar a los ciudadanos europeos “con el máximo respeto”.
Al mismo tiempo, Rudd reiteró la posición de May de que hay que vincular el trato a los europeos en el Reino Unido con el que recibirán los británicos afincados en la Unión Europea.
Poco después de la votación, el Parlamento Europeo debatió el tema en una sesión extraordinaria.
La comisionada europea para Justicia, Vera Jourova, afirmó ante los europarlamentarios que los ciudadanos europeos en Gran Bretaña y los británicos en la UE “merecen saber cuáles serán sus derechos” después del Brexit.
