García Linera instó a las víctimas de abuso sexual y a sus familiares a que se acerquen al Ministerio a hacer sus denuncias por este delito.
“Las personas y familias en las que sus niños o niñas hayan sido objeto de violación por parte de algún funcionario de la iglesia, por favor, (se les pide) se acerquen al Ministerio de Justicia para relatar y denunciar este delito”, dijo el vicepresidente.
Las declaraciones del vicepresidente llegan en un momento en que se discuten propuestas sobre el tipo de penas para este tipo de delitos y hay tensión con la Iglesia católica por cuenta de la ley de identidad de género.
Choque de opiniones
De acuerdo a José Rivera, secretario de comunicación de la Conferencia Episcopal de Bolivia, actualmente existe un choque de opiniones entre la Iglesia y el Estado por una serie de propuestas del gobierno en los últimos meses, como por ejemplo aquella de aplicar la «cadena perpetua seguida de la pena de muerte para violadores», una propuesta que salió a la luz durante la Cumbre de Justicia Plural que se celebró el pasado 11 de junio, en la que se discuten propuestas para reformar la justicia del país.
“[Para la Iglesia, la propuesta] representa un retroceso en la justicia actual porque amenaza la vida y la dignidad humana. Toda persona merece una segunda oportunidad”, dijo Rivera a CNN en Español.
Según la ley boliviana existe un límite de 30 años de prisión para quienes sean hallados culpables del delito de abuso sexual.
Sobre la decisión de que el Ministerio de Justicia investigue a los sacerdotes por delitos sexuales, la Conferencia Episcopal no ha emitido una comunicación oficial. Sin embargo, al referirse a la propuesta de prisión perpetua, monseñor Sergio Gualberti, obispo de Santa Cruz, dijo en su homilía del pasado 12 de junio que “la cadena perpetua es una muestra de la total desconfianza en la capacidad del hombre de reconocer sus errores y cambiar de vida”.
De acuerdo con Ribera, en la Iglesia de Bolivia sólo se han registrado dos casos abuso sexual en 2007 y 2009 que fue tipificado por las autoridades como “abuso deshonesto” y ambos casos fueron denunciados y puestos en manos de la justicia ordinaria.
“Como Iglesia se cumplió con las formalidades, los casos llegaron hasta el Vaticano, se despojaron de su estado laical”, agregó Rivera.
¿A qué entidad le corresponden estas investigaciones?
Además, el anuncio de que sea el Ministerio de Justicia el encargado de ese tipo de investigaciones también ha generado debate. Según el abogado constitucionalista Carlos Alarcón, en la constitución de Bolivia establece que es la Fiscalía la que se encarga de investigar este tipo de hechos y no una institución de gobierno como el Ministerio de Justicia, explicó el jurista a CNN en Español desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia.
“Las autoridades competentes son el Ministerio Público en un proceso penal penales. Lo que debió haber dicho el vicepresidente es que los que tuvieran conocimiento de hechos de abuso sexual deberían dirigirse al Ministerio Público, no al Ministerio de Justicia. Eso es obviamente una actuación ilegal, fuera de la ley”, explicó Alarcón.
