Durante el Gabinete Sectorial de Seguridad, se definieron los avances del sector y se plantearon propuestas que determinarían medidas sustitutivas para los padres deudores de alimentos y personas que se hayan visto inmersas en un accidente de tránsito. El argumento por parte del Ejecutivo es determinar el grado de responsabilidad y la “buena fe” que existe al momento de asumir sus culpas.
El ministro Coordinador de Seguridad, César Navas, afirmó que “existe una disposición expresa del Presidente de la República. Vamos a estudiar medidas sustitutivas, como son los brazaletes o analizar el momento en que exista mala fe; allí las personas se irán detenidas. Y con las otras ciudadanos veremos los mecanismos alternativos para que no estén en prisión y se dediquen a actividades productivas”.
Para el titular de la Cartera de Estado no existe mayor problema que “la persona que está detenida no produce y por ende no va a poder pagar, así que no se va a poder beneficiar y la afectación va a seguir prevaleciendo sobre los hijos y el hogar”.
Por su parte, la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ledy Zuñiga, aseguró que “los alimentantes pierden sus fuentes de empleo cuando son detenidos, no pueden ejercer actividades económicas, en la ley no existe alguna situación alternativa que el juez pueda disponer y no hay una normativa que pueda hacer una distinción entre los deudores de mala fe y buena fe , por ejemplo, con enfermedades catastróficas. Tal como está el régimen empeora la situación, todos estos temas son los que deben corregirse”.
El objetivo principal del Gobierno es garantizar que los menores de edad y las familias puedan recibir los ingresos de manutención. Tal como se encuentra planteada la Ley la situación de pago es adversa, las deudas se acumulan con intereses y esto incide en el impago del alimento a los menores, aseguró Zuñiga.
También informó que el Ejecutivo se apegó a una demanda de inconstitucionalidad que presentó el señor Javier Donoso ante la Corte Constitucional, quien demostró que poseía una enfermedad catastrófica y pese a su situación delicada de salud fue privado de libertad. Como efecto del mismo, perdió su empleo y la posibilidad de solventar los gastos de sus hijos.
“Creemos que es muy importante que se module la Ley respecto del apremio personal en el caso de alimentos, finalizó la Ministra de Justicia”.
