Esa es una de las medidas que aplican las autoridades provinciales desde el año pasado, tras los procesos iniciados por supuestas anomalías en la atención a los afiliados, y que recientemente fueron confirmadas por la Contraloría General del Estado (CGE).
Las supuestas irregularidades van desde cobros excesivos, incumplimiento de los manuales de acreditación, inobservancias al tarifario de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, hasta derivaciones injustificadas.
Un examen especial del organismo evaluó 173 mil 638 expedientes, presentados por 12 clínicas y hospitales privados entre julio del 2012 y agosto del 2015. El monto por reclamos económicos desde los prestadores fue de USD 436,7 millones, pero por auditoría se objetaron USD 42,9 millones.
En algunos casos, el sobreprecio llegó al 97% del valor total de la prestación, como reflejó la Contraloría.
