Al finalizar la firma de convenio entre la Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura y Ministerio de Educación, la funcionaria detalló que -al igual que todas las personas privadas de libertad- el Segundo Mandatario cuenta con todas las garantías para resguardar su integridad. «Se sigue tratando del Vicepresidente de la República, así que en ese sentido es tratada y atendida su situación», dijo.
La funcionaria añadió que desde el Ministerio de Justicia están pendientes de la salud de la autoridad y que se le dará la atención requerida. Añadió que en este caso fue adecuada la celda, mientras dure el proceso legal.
Indicó que hay un grupo específico que da protección al Segundo Mandatario, ya que no se puede obviar que todavía sigue en funciones; pero, advirtió, que no conoce el número exacto de agentes a cargo. «Todo lo que sucede con respecto al este caso es nuevo, pero no podemos dejar de contemplar la seguridad a la que tiene derecho el Vicepresidente. Que sea la escolta la que nos ayude a mantener las condiciones de seguridad», añadió.
Alvarado reiteró que mientras se cumplen estos protocolos en la cárcel, habrá que esperar lo que determine la Asamblea Nacional. «Es la única que se pronunciará sobre este tema y esperamos respetuosos las funciones del Estado».
En la cárcel 4, dijo, se encuentran cerca de 65 personas; cuenta con celdas pequeñas y tiene condiciones en donde los internos pueden concentrarse en un patio pequeño, pero se garantiza la seguridad de ellos.
El Vicepresidente también fue ubicado en una celda pequeña, con capacidad para una persona. La funcionaria también confirmó que Ricardo R., tío del Vicepresidente y quien también es investigado por el mismo caso, se encuentra en la Regional Guayas.
«Él tenía un arresto domiciliario, que ha sido revocado, y a partir de ello está en la Regional», dijo y advirtió que de ser el caso se dará la atención médica necesaria. La ministra de Justicia se refirió al traslado del exministro de Hidrocarburos, Carlos P. Y., quien se encuentra investigado por el caso Petroecuador. Indicó que estuvo en la cárcel 4, pero tras el traslado de Jorge G. se lo cambió al Centro Regional de Latacunga.
Fuente: El Telégrafo
