Según la Ministra, anteriormente, la aprobación de contratos colectivos requería una intervención del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para dar paso a dichos documentos. Sin embargo, Núñez enfatizó que, ahora, el dictamen del Ministerio de Finanzas es obligatorio, tras una decisión de la Corte Constitucional.
El inconveniente surgió luego de que las cuatro principales empresas públicas trasladaron a sus trabajadores desde la Ley de Servicio Público al Código del Trabajo.
En el caso de CNEL, dicha firma tenía 6.300 empleados en calidad de obreros y 200 bajo la LOEP, cuya afectación total considerando el resto de empresas ascendería a USD 400 millones.
Por su parte, CELEC busca trasladar 1.080 trabajadores al Código de Trabajo, cuya acción estaba proyectada en una erogación económica de USD 200 millones.
“Pretendieron faenarse USD 200 millones”, dijo, y explicó que, con esto, buscaban que se pagaran 7 años de beneficios de ley.
Por otro lado, adelantó que el Ministerio de Trabajo elabora el reglamento para la Ley Orgánica de Empresas Públicas para evitar que los directorios de las empresas públicas cometan actos irregulares.
Núñez puntualizó que, entre estas, se incluyen las remuneraciones variables, los trabajadores de empresas públicas recibían una especie de utilidades que, en el sector público, no aplican.
Además, adelantó que esa Cartera de Estado buscará las vías legales y constitucionales para determinar los responsables de quienes permitieron los contratos colectivos.
