Byron Guillén y Jorge Ballesteros fueron descalificados del concurso para Defensor Público a inicios de semana. Esto, luego de que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social determinó que, el primer postulante presentó una documentación contradictoria a sus periodos de ejercicio profesional, mientras que señaló que Ballesteros extendió oficios falsificados en este proceso de selección.
Además, el Consejo aceptó la renuncia de Daniel Frías, quien también resultó excluido del concurso.
Los tres correspondían a los postulantes mejor puntuados.
Posteriormente, este miércoles, el Pleno del CPCCS descalificó a Maritza Romero y Wilson Ortega del concurso.
El organismo señaló que, en el caso de Romero, existió una causal para determinar una falta en su probidad notoria, mientras que Ortega, contaba con una inhabilidad para ejercer el cargo, al ser juez electoral en funciones.
A pesar de los consensos logrados en el organismo, Calvache advirtió que los consejeros Augusto Verduga, Nicole Bonifaz y Yadira Saltos, buscan torpedear el curso de la agenda del CPCCS en cuanto a la designación de autoridades.
«Desde el principio, ellos han estado entorpeciendo la despolitización del Consejo (…) Siempre tratan de boicotear las acciones del organismo», dijo.
Precisó que los mencionados funcionarios no están alineados a la planificación institucional de trabajo, por lo que mantendrían intereses separados a este planteamiento.
Además, adelantó que, en caso de ocurrir más impedimentos en el proceso, hasta la próxima semana se podría conocer a la nueva máxima autoridad de la Defensoría Pública.
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