Paola Cabezas, una de las interpelantes, enfatizó en que el juicio político no tiene motivaciones personales, ni partidarias. Además, aseguró que el enjuiciamiento no corresponde a un acto de persecución, sino que cuestiona la baja ejecución presupuestaria en materia de seguridad.
Otra de las causales del juicio político contra Palencia es un supuesto incumplimiento de funciones, tras la detención de Jorge Glas en la Embajada de México en Quito. Leonardo Berrezueta, el segundo interpelante del proceso, acusó directamente a la Ministra del Interior de la ruptura de relaciones diplomáticas con el país norteamericano.
De su lado, Palencia, reiteró que la detención de Jorge Glas en la sede diplomática mexicana fue legal, e impidió que las sentencias ejecutoriadas que pesan sobre el exvicepresidente del correísmo queden en la impunidad.
Desde Carondelet, el ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, consideró que a lo largo de la sustanciación del juicio político contra Mónica Palencia no se han demostrado pruebas de un supuesto incumplimiento de funciones. Puntualizó que dicho proceso busca “proteger intereses” de sus interpelantes.
El abogado de Mónica Palencia, Fernando Yávar, señaló a Paola Cabezas y Leonardo Berrezueta por no haber practicado de manera adecuada las pruebas en contra de la ministra del Interior, y calificó sus alegatos como una “insuficiencia probatoria”.
Desde el oficialismo, la asambleísta Inés Alarcón, enfatizó en que el juicio político contra Mónica Palencia es parte de una «persecución» por parte de los interpelantes.
Por ello, insistió en que las sesiones en la Comisión de Fiscalización deben realizarse de manera presencial.
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