La realidad venezolana en 2016 estuvo marcada por la crisis económica, política y social que incluso motivó sanciones de bloques económicos y organismos internaciones. A mediados de año, la posible aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) tuvo voces a favor y en contra por parte de varios líderes latinoamericanos.

Economía venezolana - Foto: Shutterstock

Luis Almagro, secretario general del organismo, fue quien denunció varias situaciones que, a su parecer, comprometen la democracia venezolana. Entre ellas, la crisis humanitaria generada por la escasez de alimentos y medicinas, el bloqueo de los poderes del Estado y la situación de derechos humanos contra los presos políticos.

De su lado, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que la propuesta de Almagro fue impulsada por la oposición, que aseguró, “ha llamado a una intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela”.

Este impase político estuvo acompañado por el desplome de los precios del petróleo, lo que profundizó aún más la crisis económica reflejada en una escasez de alimentos de alrededor del 80% y una inflación del 700% según estimaciones del Fondo Monetario Internacional.

Para enfrentar esa problemática y subsanar en algo la escasez de alimentos y medicina, el presidente Maduro abrió la frontera con Colombia, cerrada por un distanciamiento político en 2015, y eso desencadenó en que más de 35 mil personas por día cruzaran al país cafetero para abastecerse.

Sin embargo, la crisis política interna se agudizó en el segundo semestre del 2016. Cinco tribunales provinciales liquidaron cualquier posibilidad de llamar a un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

Henrique Capriles, líder de la oposición de Venezuela, afirmó que la suspensión del proceso de referéndum para revocar al presidente Nicolás Maduro ha sido un «golpe de Estado» y llamó a los venezolanos a «restituir el hilo constitucional».

Esa decisión llevó a la Asamblea, liderada por la oposición, a aprobar un  juicio político contra Maduro. Pero, al igual que el revocatorio, fue aniquilado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que lo declaró inconstitucional.

Bajo estas circunstancias, organismos internacionales vieron al diálogo como la única salida a la crisis. El mismo inició en noviembre y ya ha tenido varios traspiés, tanto así que La Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha dado un ultimátum al Gobierno, amenazando con abandonar el diálogo si el Ejecutivo no cumple con los compromisos alcanzados en rondas anteriores.

La estocada final a un año oscuro para Venezuela la dio el Mercosur, los cuatro países fundadores (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) suspendieron al país bolivariano como Estado miembro del bloque regional, tras haber incumplido las obligaciones asumidas en el Protocolo de Adhesión.