La moción, planteada por la legisladora Lucía Posso, rechaza la apertura del sumario administrativo contra la Vicepresidenta y acuerda desconocer la sanción impuesta a Abad. Además, autoriza a la presidencia de la Asamblea a presentar una acción de interpretación de la Corte Constitucional, y solicita la presencia de la ministra Núñez para explicar sobre las actuaciones emprendidas en contra de la Segunda Mandataria.
Para Posso, esta decisión busca ratificar el orden constitucional, y rechazar las medidas adoptadas en contra de una autoridad electa por voto popular, sobre quien no se aplica la LOSEP, usada por el Gobierno.
Uno de los puntos a destacar, según la asambleísta, es el exhorto a la Corte Constitucional a pronunciarse en torno a este tema, donde desde expertos en la materia, advirtieron una vulneración de la Carta Magna. Por ello, indicó que más allá de “afectos y desafectos”, la violación a la Constitución debe ser condenada.
Posso también advirtió que, con respecto a la designación de Sariha Moya como vicepresidenta encargada, existiría una “evidente arrogación de funciones”, al considerar que Verónica Abad no ha sido destituida, y no puede ser sancionada vía sumario administrativo.
Pronunciamiento de la Asamblea es “lo mínimo” esperado
De acuerdo con el abogado constitucionalista, José Chalco, el pronunciamiento de la Asamblea puede calificarse como “lo mínimo” que se espera de un Legislativo ante una vulneración clara del orden constitucional.
Consideró que, esta decisión no puede denominarse un “saludo a la bandera”, sino que, entre sus puntos más importantes, está el exhorto a la Corte Constitucional a emitir un dictamen en torno a este tema.
“Es un mecanismo para evitar la impavidez de la Corte”, dijo.
Por otro lado, destacó la solicitud para convocar a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, por “prestarse” para la apertura del sumario administrativo que derivó en la sanción de una funcionaria electa por voto popular.
Además, recordó que este sumario podría catalogarse como un acto nulo que, podría ser revisado, o apelado por la vía jurisdiccional para eliminar sus efectos.
