El jueves 17 de octubre próximo, el pleno de la Asamblea Nacional conocerá y tratará el informe de posturas respecto al trámite de sustanciación del enjuiciamiento político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Así reza la convocatoria a la sesión 970 hecha por la nueva presidenta del Legislativo, Viviana Veloz.
El llamado a sesión llega una vez que la Comisión de Fiscalización y Control Político del Legislativo remitió los informes generados respecto al juicio político de la ministra del Interior para que sean conocidos por el pleno de la Asamblea y sea esta la que tome la decisión de enjuiciar a la ministra del presidente Daniel Noboa o archivar el proceso.
Los informes de posiciones fueron entregados el viernes 11 de octubre último, debido a que no existió un solo pronunciamiento respecto a enjuiciar o no políticamente a Palencia. Por ende, será el pleno de la Asamblea Nacional el que defina, con 70 votos, si archiva el trámite o continúa con el proceso. La sesión plenaria está dispuesta para las 09:00 del jueves próximo.
El numeral 2 del artículo 83 del Código Orgánico de la Función Legislativa, en lo que respecta a la convocatoria e inclusión en el orden del día, señala que, una vez difundido el informe, en el plazo de cinco días la presidenta de la Asamblea Nacional deberá incorporarlo en el orden del día para consideración del pleno.
El numeral dos de esta norma resalta que, si el informe se refiere a las actas y las posiciones de los legisladores por no haberse aprobado el informe que recomiende el archivo o el juicio político, será el pleno de la Asamblea Nacional, mediante moción previa y motivada de cualquier legislador, el que podrá resolver el archivo del trámite o el juicio político, para lo cual requerirá el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes.
El juicio político contra la ministra Mónica Palencia fue impulsado desde abril pasado por el legislador Leonardo Berrezueta, de los registros de la Revolución Ciudadana (RC). Su acusación principal tenía que ver con la incursión de la Policía y las Fuerzas Armadas en la Embajada de México en Quito el 5 de abril pasado, para la detención del exvicepresidente de la República Jorge Glas, quien se encontraba en calidad de asilado y esperaba un salvoconducto.
Meses después, en julio pasado, la asambleísta Paola Cabezas, también de la RC, presentó una segunda solicitud de juicio contra la ministra Palencia. La acusación tenía relación con la falta de accionar en el control de la inseguridad en el país y cuestionaba la existencia del Plan Fénix para contrarrestar la violencia criminal.
La Comisión de Fiscalización, presidida por la correísta Pamela Aguirre, no logró los cinco votos necesarios para aprobar la moción planteada por la legisladora Sofía Espín (RC), para que se acogiera el informe planteado por Aguirre y se recomendara al pleno del Legislativo el juicio político.
Finalmente, solo se registraron cuatro votos a favor de la tesis correísta, todos pertenecientes a la bancada de la Revolución Ciudadana, y existieron cinco votos en contra, los cuales vinieron de los legisladores del oficialismo, de Acción Democrática Nacional (ADN), y aliados: Luis Alvarado, Adriana García, César Umajinga, Ramiro Vela y también del asambleísta Lenin Rogel, exintegrante del Partido Social Cristiano (PSC).
