Según Diario El Telégrafo, la propuesta se enmarca en los principios de ciudadanía universal; libre movilidad humana, prohibición de criminalización; protección de ecuatorianos en el exterior; igualdad ante la ley y no discriminación; interés superior de la niña, niño y adolescente; integración regional; pro persona en movilidad humana; y, no devolución.
La normativa incluye temas de institucionalidad y mecanismos vinculados a emigrantes, personas en tránsito, víctimas de delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, ecuatorianos retornados y quienes requieran protección internacional. El cuerpo legal también regula los derechos y obligaciones de las personas en movilidad humana y fija mecanismos para garantizar la prevención, atención, protección y reinserción a la sociedad de víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
El proyecto de ley también legisla sobre el ingreso, salida, control de personas y legalización de documentos, define las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales y dispone un régimen sancionatorio, con las faltas migratorias y el procedimiento administrativo para penarlas.
