En medio de una nueva pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, la denominada ley ‘antipillos’ fue publicada en el Registro Oficial. Mientras tanto, la Asamblea adelantó que presentará una acción de inconstitucionalidad en torno a esta decisión, y anticipó medidas penales en contra del máximo representante del Registro Oficial.
Para la asambleísta por el oficialismo, Inés Alarcón, es la propia Legislatura la que incurrió inicialmente en una inconstitucionalidad al archivar y negar la normativa al haberse agotado el primer debate. Señaló que, dentro de la Constitución, se prohíbe que las leyes remitidas por el Presidente sean archivadas sin cumplir con los dos debates reglamentarios dentro del Pleno.
Explicó que, desde el Gobierno, se pidió la certificación del resultado del segundo debate dentro del Parlamento a lo que, según Alarcón, no se dio una respuesta por parte de la Secretaría General. Por ello, cuestionó que desde la institución se haya interpretado la Carta Magna, cuando sus articulados deberían cumplirse de manera explícita.
«No podemos dar paso a interpretar. El Presidente tomó el camino constitucional adecuado», dijo.
Por otro lado, descartó que la ley para combatir el lavado de activos tenga propósitos recaudatorios. Explicó que, el planteamiento del Ejecutivo, se centró en el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero para prevenir y contrarrestar este delito en el país. Un ejemplo de esto, según Alarcón, es el congelamiento de dinero de manera administrativa en caso de sospecha de lavado de activos.
Indicó que, de acuerdo con datos de la UAFE, USD 178 millones que debieron pasar a manos del Estado al hallarse indicios de lavado de activos, no fueron trasladados debido a deficiencias que ahora podrían ser cubiertas con esta norma.
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