La fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, abrió investigaciones preliminares al presidente de Perú, Pedro Castillo, por tráfico de influencias agravado y colusión al atribuirle haber intervenido “indebida e indirectamente” en dos millonarias contrataciones estatales, y también por la supuesta injerencia en los ascensos militares, según se confirmó en un comunicado del Ministerio Público.
En octubre, la empresaria Karelim López acompañó al Palacio de Gobierno a varios representantes de empresas que se reunieron con el exsecretario general de la presidencia, Bruno Pacheco, y con el primer mandatario. A los pocos días, esas compañías lograron una licitación para construir un puente por alrededor de 60 millones de dólares, y una compra estatal de biodiésel por más de 18 millones de dólares.
Karelim López ha hecho negocios con el Estado a lo largo de varios gobiernos y fue aportante de la campaña electoral de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en 2016.
La titular del Ministerio Público es la única que puede iniciar una investigación preliminar al jefe de Estado mientras este está en ejercicio, a través de la recolección de pruebas y testimonios de otros involucrados y testigos. Ella, o quien la suceda en el cargo en abril, podrá continuar con la investigación, pero no interrogar a Castillo mientras este sea presidente.
El primer mandatario de Perú enfrenta otra investigación en su contra por supuestas presiones en los ascensos militares, que podrían configurar los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal a favor de coroneles del Ejército de su entorno.
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