Según el Decreto, la Secretaría Anticorrupción generará políticas públicas y acciones para facilitar la denuncia de actos de corrupción. También se encargará de coordinar la cooperación entre las instituciones del Gobierno, organismo de control y entidades judiciales involucradas en la investigación, juzgamiento y sanción de estos delitos.
Además, deberá articular con la Cancillería la implementación de los acuerdos internacionales existentes, a favor de la lucha contra la corrupción. En un plazo de 30 días, la Secretaría General de la Presidencia deberá reformar el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ejecutivo, para viabilizar la operación de la Secretaría Anticorrupción.
Según el Decreto, el 18 de enero pasado el Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, emitió el dictamen favorable respecto de la creación de la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
