La Ley de Protección y Defensa de Animales No Humanos nace de una sentencia de la Corte Constitucional donde se estipula que los animales deben ser sujetos de derechos, sin embargo, estos no deben equipararse a los del ser humano.
Esta normativa pasó a manos de la Defensoría del Pueblo, donde, según Gómez de la Torre, solo se convocó a organizaciones animalistas.
Cuestionó que en este proyecto no se haya considerado la postura de sectores productivos, el Ministerio encargado de dichas actividades, y la Cartera de Ambiente.
“El proyecto nació con un sesgo (…) está utilizando el nombre de animales para modificar patrones socioculturales de conducta”, criticó.
De acuerdo con Gómez de la Torre la estrategia para lograr esto parte de una serie de 180 prohibiciones y 150 sanciones para quien infrinja en los lineamientos. Entre ellos se encuentra la negativa a mostrar animales faenados o cocinados, e incluso, la aplicación masiva de plaguicidas.
Consideró que, en este caso, debería existir una diferenciación entre animales destinados a la producción, y aquellos catalogados como plaga.
“Parece que se sataniza la actividad económica”, sostuvo.
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