Esto después de que María Elena Lara, jueza de la Unidad de Garantías Penales, declarara la validez del proceso y de todo lo actuado hasta el momento, estableciendo que no hay vicios que puedan afectar al caso, como había argumentado el abogado defensor, Mauricio Garrido, el pasado 26 de abril.
Durante la audiencia, la fiscal Claudia Romero solicitó el auto de llamamiento a juicio en contra de quien fuera parte del equipo de campaña y asesor ad honorem del alcalde de Quito, Mauricio Rodas.
“Después de analizar el informe pericial y otras pruebas de peso, hemos comprobado que el señor Mauro T. sí obtuvo ingresos durante los años 2014 y 2015, a pesar de no encontrarse en relación de dependencia; que los ingresos supuestamente percibidos por la venta de terrenos no fueron debidamente tributados; que no se pagó a tiempo dichos impuestos y que el pago no coincide con lo declarado”, expuso el abogado del Servicio de Rentas Internas (SRI), Xavier Vilcacundi.
Frente a ello, Mauricio Garrido sostuvo que los $ 5’749.512 hallados en la cuenta bancaria del implicado corresponden a la venta de 182 lotes ubicados en Locoa, Santa Ana, Latacunga.
El abogado dijo que 67 hectáreas de terreno fueron donadas por José Gabriel T. (padre del acusado), a sus 12 de hijos y que 11 de ellos decidieron lotizar el terreno y realizar la venta. Por ello Garrido aseguró que en este caso se estaría hablando de $ 13.800 por concepto de impuestos, que ya fueron cancelados en enero de este año.
Según la fiscal, el informe pericial no comprobó que la cuenta de Mauro T., a la que ingresaron los casi $ 6 millones, estuviera destinada exclusivamente para el depósito de dinero proveniente de la venta de dichos lotes. Y que de haberse vendido todos los terrenos en el año 2014, el monto total sería de $ 900.000.
Sin embargo, el informe pericial demuestra que el empresario percibió ingresos en 2014 por $ 2’702.70, mientras que en 2015, los ingresos fueron de $ 3’046.812, por lo que la fiscal sostuvo que existe dinero que no corresponde a la venta de lotes.
Así mismo, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) determinó que el empresario presentó movimientos inusuales y sumas de dinero sin justificación, mientras que el informe del SRI expone que entre 2010 y 2015 el empresario no presentó declaraciones del Impuesto a la Renta y que desde 2010 hasta 2016 su RUC se mantuvo inactivo.
Adicionalmente, Romero afirmó que en el expediente hace falta información de otra cuenta bancaria del acusado, que no fue tomada en cuenta para el informe pericial, en la que se registran más ingresos que deberán ser comprobados. La Fiscalía sostiene que, primero, entre los años 2014 y 2015 el acusado obtuvo ingresos; segundo, que los ingresos sí eran tributables o gravables, ya que las ventas de los lotes fueron recurrentes (más de tres); y tercero, que no pagó los impuestos correspondientes en el momento oportuno, por lo que se configuró la omisión de ingresos.
La audiencia se reinstalará el viernes a las 14:30 para dar a conocer la resolución de la jueza. El abogado defensor señaló que la Fiscalía no ha pedido la ratificación de las medidas cautelares vigentes desde el pasado 7 de enero y solicitó que, en caso de que su cliente sea llamado a juicio, se le permita defenderse en libertad.
