Augusto Verduga, Yadira Saltos, Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor, son los consejeros principales y suplentes que, según el dictamen del juez electoral, Fernando Muñoz, deberán ser destituidos, además de perder sus derechos políticos por 4 años.
Esto, luego de ser hallados culpables de llegar al organismo bajo el auspicio de la Revolución Ciudadana. De acuerdo con Pamela Troya, excandidata al Consejo y accionante de la denuncia en contra de los funcionarios, esta sentencia dictada en primera instancia puede ser apelada en tres días por parte de los accionados.
Posteriormente, el Pleno del TCE tendrá 10 días hábiles para ratificar o modificar el dictamen en contra de los implicados.
Esto significa que, mientras no exista una sentencia definitiva, los consejeros Verduga y Saltos, quienes son principales, podrán seguir ejerciendo funciones.
En caso de ser destituidos, Gonzalo Albán reemplazaría a Augusto Verduga, mientras que Piedad Cuaran entraría en lugar de Yadira Saltos.
Por este hecho, Troya cuestionó que sectores políticos utilicen al CPCCS como una plataforma política para tener el control dentro de instituciones públicas. Esto, mediante los concursos de designación de autoridades.
Para la excandidata al Consejo, es necesaria una reforma que regule las funciones del organismo. Entre ellas, eliminar su facultada para seleccionar autoridades.
“Si se quita esta función, se quitaría el interés político”, dijo.
Por ello, hizo un llamado para replantear la naturaleza de la institución, frente a los señalamientos en torno a una evidente politización de sus integrantes.
“Fue frustrante ver como unos sí cumplíamos la ley, mientras otros eran patrocinados abierta e ilegalmente por otros partidos políticos”, sostuvo.
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