Esto dentro de la trama de corrupción en el supuesto reparto de dineros públicos para la construcción del hospital de Pedernales en la provincia de Manabí.
El pasado 17 de julio se dictó prisión preventiva para el legislador y otras 12 personas más a quienes se les acusa de haber participado en el delito de delincuencia organizada en el que estaban procesados el ex asambleísta Daniel Mendoza, el exsecretario del Servicio de Contratación de Obras (Secob), Edmundo Tamayo, Jennifer C., Tania S., Ángel A. y Olga M.
Los otros procesados son: Jorge J., subdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob); Jean B., exasesor de Daniel M.; además de Pablo C., Danny C., Franklin C., Miguel G., José P., José S., José V., Danilo V., Mario O. y Esteban A.
Según Fiscalía, Azuero mantendría un rol de dirección en la organización investigada.
La audiencia se instaló a las 14:00. Harrison Salcedo, defensor del asambleísta, pidió que se dicte medidas alternativas a la prisión preventiva o si las mismas no se conceden se dicte arresto domiciliario. Argumentó que hay certificados médicos del estado de salud de su defendido y que se han presentado arraigos familiares. Agregó que la Fiscalía formuló cargos con un audio cuya transcripción no ha sido ingresada en cadena de custodia.
Francisco Rosero, abogado de Jorge J. pidió que se acepte el recurso de apelación. Indicó que se presentaron arraigos como el de que es cabeza de hogar o que es docente de la Universidad Técnica de Manabí. Según él, la vinculación se dio porque hay un diálogo entre Mendoza y Azuero donde se menciona a su defendido.
Eduardo Domínguez, abogado de Pablo C. planteó la presentación periódica ante la autoridad o portar un grillete electrónico.
Cristian Torres, abogado de Esteban A., y Mario O. Sobre el primero, Torres expresó que la prisión preventiva se la dictó por un parte policial que, a su criterio, no constituye un elemento de convicción. Además que no guarda relación con los otros procesados. Pidió que se presente periódicamente a la autoridad así como la prohibición de la salida del país.
Santiago Hernández, abogado de José P, desistió del recurso de apelación. El Tribunal pidió que ingrese el escrito a la secretaría.
Nota Original: El Universo – LINK
