Pablo Beltrán habló con la AFP este lunes, 23 de abril del 2018, y puso sobre la mesa las preocupaciones que rondan al Ejército de Liberación Nacional (ELN) ahora que Ecuador, golpeado por la inusitada violencia en la frontera, renunció a su papel de garante y anfitrión de los diálogos que buscan acabar con un conflicto de medio siglo.
La solicitud se da en momentos en que Estados Unidos busca la extradición, por narcotráfico, de un exnegociador de paz de las FARC, la guerrilla que depuso las armas y se convirtió en partido tras firmar un acuerdo parecido al que negocia el ELN desde febrero de 2017.
A continuación extractos de la entrevista: ¿Cómo afecta a las negociaciones la decisión de Ecuador? El trabajo que se ha hecho acá ha sido muy productivo y muy importante. Nosotros hemos dejado una carta como mesa de negociación, las dos partes, donde le pedimos al gobierno de Ecuador que reconsidere su retiro como garante.
Esto implica una interrupción (en los diálogos) . Acordamos hacer una mudanza muy rápida, un trasteo muy rápido para que no perdiéramos casi tiempo (…) , esperamos que muy pronto podamos estar llegando al nuevo país, donde se reanude el quinto ciclo (…) Una parte de la delegación va a nuestros campamentos a Colombia a unas consultas rápidas y otra parte va a quedar en tránsito por Venezuela.
Es una pausa breve de unos pocos días. ¿Ya se definió la nueva sede? Todavía no, pero los otros cinco países garantes (Cuba, Brasil, Chile, Venezuela y Noruega) han ofrecido su territorio para ser sede. Estamos con el gobierno en consultas para determinar en cuál de los cinco países se va a reanudar el quinto ciclo (de conversaciones) .
¿Que garantías piden?
Hay un factor que es muy importante, que es le cercanía con Colombia. Entre más cerca, quiere decir que más gente de Colombia puede interactuar con la mesa. Ese es un parámetro decisivo. Otro: hay una decisión expresa del gobierno de los Estados Unidos de ir en contra del proceso de paz de Colombia. Entonces, en cualquier país donde vaya a estar la mesa tiene que haber garantías jurídicas para la delegación del ELN, porque sin esas garantías jurídicas, la mesa no va a tener tranquilidad. Imaginemos que nos vamos al país ‘X’ y estando allá al Departamento de Justicia de Estados Unidos se le ocurre decir: oiga, a fulano de tal de la delegación del ELN yo necesito que me lo extradite.
Si esa eventualidad no está considerada y la delegación del ELN no tiene garantías jurídicas ante esa eventualidad, imagínese lo azaroso que va a ser continuar. Hemos dirigido una carta a la Fiscalía General, en Bogotá, para que nos diga qué cargos tienen contra nosotros Estados Unidos, que impliquen una futura extradición de cualquier miembro de la delegación del ELN.
No hemos recibido respuesta. Además, en cualquier dirección que vaya un avión con la delegación del ELN, hay que tramitar país por país los permisos de sobrevuelo y las garantías para sobrevuelo. Estados Unidos es experto en eso, en mandar a detener aviones que están en vuelo para decir: oiga, venga, responda tal cargo que yo le tengo y hasta ese minuto nadie sabía que había en ese cargo.
¿El cambio de sede compromete un alto al fuego bilateral antes de las presidenciales del 27 de mayo?
Vamos a tratar de que no lo impacte y de que se pueda hacer un anuncio de un nuevo cese al fuego bilateral antes de esas elecciones. ¿Qué falta por acordar? Hay obstáculos para resolver. Ejemplo, las Naciones Unidas nos dijo: bueno para que yo pueda ejercer más el trabajo de verificación ustedes me tienen que decir cómo el comportamiento de las dos partes, durante un futuro cese, no puede conllevar a desmejorar la correlación de fuerzas en lo militar.
Entonces hay que hacer como unas reglas del juego que garanticen que ninguna de las dos partes va a sacar ventajas militares del cese al fuego.
¿El ELN aceptará suspender ataques contra la infraestructura petrolera?
Sí, eso lo va a incluir un segundo momento de cese, eso está incluido, y va aparejado con decisiones que debe tomar el gobierno de ajuste de la política minero-energética y ambiental. O sea que si nosotros ajustamos la política de ataques contra la infraestructura, el gobierno debe promover el ajuste de la política minero-energética. ¿Y qué piden a cambio? Hay unas discusiones muy importantes sobre restricciones ambientales, sobre títulos mineros, sobre respeto a la opinión de las comunidades cuando se oponen a la extracción minera.
¿El cese al fuego pudiera extenderse hasta el cambio de gobierno (el 7 de agosto)?
Se va a considerar, pero aún no se ha decidido. Mínimo tiene que durar igual que el primer cese al fuego (101 días, ndlr) . Si nosotros logramos tener un diseño del nuevo cese antes del 18 de mayo, quiere decir que va a cubrir la llegada del nuevo gobierno.
Fuente: El Comercio
