Más de 60 empresas serían las afectadas, cuyos perjuicios ascendería a $ 70 millones. El dinero se lo obtendría a través de juicios coactivas sin previa notificación a los afectados para que puedan defenderse.
Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, dijo que el cobro que realizan estos municipios no son legales, pues se hacen embargos a las empresas por un juicio que no siguió un proceso regular.
Algunos de los juicios -continúa Aspiazu- los han ganado las empresas, pero los municipios no les devuelven el dinero. Aspiazu solicitó al Gobierno Nacional que intervenga para solucionar este problema, pues no solo suceden en los municipios de Esmeraldas.
Además, se hizo un llamado a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General del Estado para que investigue lo que está sucediendo. “No podemos permitir que los inversionistas tengan dudas sobre la seguridad jurídica en Ecuador”, mencionó Alarcón.
A criterio de Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias de Pichincha, de manera fraudulenta se está interpretando las normas jurídicas del país para hacer cobros indebidos.
Zambrano aseguró que las empresas afectadas junto con el Comité Empresarial tomarán medidas para que se sancione a los municipios que están haciendo un uso doloso de la ley, asimismo iniciarán acciones penales en contra de los funcionarios que están actuando en contra de la ley, pues no están acatando órdenes judiciales que prohíben estos cobros indebidos y que ordenan la devolución de estos valores.
Fernando Ferro, gerente general de DirecTv, una de las empresas afectadas, explicó que por 4 años tienen problemas con algunos municipio por uso del espectro radioeléctrico y por patentes municipales. Aseguró que la empresa tiene embargado $ 8,7 millones.
Fuente: El Telégrafo – Nota original: LINK
