En Babahoyo, 236 familias de las zonas vulnerables tienen casa nueva

Para ella es inevitable llorar con el recuerdo de que todo el esfuerzo familiar se perdió en un instante. En medio de estas penurias, la ayuda no tardó; personas caritativas y las autoridades gubernamentales reaccionaron de manera instantánea. Nelly se enteró, cuando ya estaba en un refugio, que la causa de la caída de su vivienda fue un terremoto de 7,8 grados de magnitud, cuyo epicentro fue en Manabí. Entonces comprendió que los daños no fueron solo en su tierra natal, sino también en Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas. A criterio de ella, en el refugio que el Gobierno adecuó en el colegio Babahoyo se notó cómo las desgracias pueden sacar lo mejor del ser humano. En ese lugar se cocinaba para 60 personas y a pesar de tener suficiente agua, comida, ropa y medicinas, la desesperación por saber qué pasaría con ellos crecía, pero entre todos se daban apoyo. Justo cuando las cosas parecían que no iban a mejorar sucedió el ‘milagro’. Personal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) llegó al sitio a ofrecer casas. “Nos abrazamos, reímos, dimos gracias por todo a todos, no sin antes preguntar cómo hacer, si era verdad y no un juego lo que decían”. La mujer, de 54 años y con sus 6 operaciones, anda despacio por su casa, la cual le fue entregada en noviembre pasado y en la que trabaja vendiendo hielo a $ 0,15 centavos, botellones de agua a $ 1 y, además, hace trabajos manuales, lo que le sirve para comer y pagar las planillas de servicios básicos. Pese a sus problemas de salud, Nelly es la presidenta de la ciudadela Nueva Babahoyo y representa a las 236 familias que fueron reubicadas. Para Hugo Valle, director provincial del Miduvi de Los Ríos, tras el terremoto del 16 de abril de 2016, las personas de la zona del bypass se beneficiaron con el plan de reasentamiento Nueva Babahoyo. Este contempló la construcción de 236 soluciones habitacionales. El costo del proyecto fue de $ 4’596.162,02 e incluyó obras complementarias. Las viviendas son módulos de 4 departamentos que están divididos en 2 plantas altas y 2 bajas. Cuentan con sala, comedor, cocina, baño, área de lavado, patio. Los terrenos lotizados tienen todos los servicios básicos, como electricidad, agua potable y también drenaje para aguas lluvias, juegos infantiles y áreas verdes. El cableado es soterrado, lo que en ninguna otra parte del cantón se ha implementado. Existen adecuaciones para personas con discapacidad: puertas y baños más amplios, barras de estabilidad, mesones bajos. Adicionalmente estas viviendas se acondicionarán, de ser necesario, con rampas para aquellos que utilizan silla de ruedas. Estas modificaciones incrementan el costo del inmueble en $ 1.200, del precio final, que es $ 10.000. “Sobre estos valores los afectados deben pagar el 1% del total de la casa, es decir $ 1.000 con cuotas de $ 27,75 por 3 años (sin adecuaciones adicionales). Además, se dio la facilidad de un año de gracia para la cancelación. En el caso de que los afectados entregaran el terreno donde tenían sus viviendas se les da gratis la casa”, explicó Valle. “El Miduvi tiene la responsabilidad de cuidar e incentivar la buena convivencia, por tal motivo es importante la atención social. En esto se trabaja con el Ministerio del Deporte que efectúa vacacionales en distintas disciplinas, como judo, ciclismo, fútbol, y otras. Además, el Ministerio de Salud cuenta con brigadas médicas, así como la Policía instala botones de pánico. En el plano educativo hay facilidades para el ingreso a la unidad educativa réplica Eugenio Espejo, que está junto al plan habitacional”. El plan abarcó a las personas que deseaban de manera voluntaria dejar los asentamientos irregulares. Sin embargo, esta problemática persiste. En este sector, las construcciones de madera y caña guadúa son reemplazadas por cimentaciones con cemento. Sobre este tema, Félix Cadena, coordinador zonal 5 de la Secretaría de Gestión de Riesgos, manifestó que el sector afectado por el terremoto se considera como una llanura de inundación. Al respecto se han presentado informes en los que se indica un alto riesgo para que sea habitado. El funcionario explicó que se efectuaron inspecciones después del terremoto para verificar qué zonas no cumplían con las condiciones adecuadas para ser habitadas de forma segura. Él refiere que en todo ese lugar y en la vía Perimetral se construyó una especie de muralla para evitar que el agua penetre a la zona urbana. Además, puntualizó que el Ministerio del Ambiente considera a este sector como parte de un humedal. Considerando estos aspectos, se sugirió que sea declarado como zona de riesgo para la habitabilidad. El COE provincial, a cargo de la exgobernadora de Los Ríos, Karla Chávez, indicó a personal del Municipio de Babahoyo para que tomen las medidas adecuadas en vista del riesgo, aseguró Cadena. “La alcaldía de Johnny Terán rellenó algunos sectores, lo que no representa una medida segura. Bajo su criterio y responsabilidad, tomándose la atribución de lo que significa ser un gobierno autónomo, adoptó esa decisión”, dijo Cadena, quien agregó que de parte del Gobierno Nacional se generaron las recomendaciones y acciones -a través del COE provincial- para que esa zona no sea habitada o por lo menos se establezca cuáles son aptas para reubicar. Para las personas que siguen en la zona cero, la opción de salir de sus casas no es viable. Jaime Raúl Delgado explicó que las promesas de tener calles y un terreno seguro en donde construir los motiva a seguir en el sitio. “Ahora me dicen que no estoy seguro donde ha sido mi casa por años, donde he criado a mis hijos, pero les recuerdo que todo Babahoyo era igual antes. Además, tenemos la oferta de relleno y la verdad esperamos que así sea”, argumentó el hombre, quien vive en Sol Brisas 2 y desde 2013 hasta la actualidad ha pagado impuestos municipales. Esta versión la confirma una de las dirigentes de la cooperativa Sol Brisas 2, Angélica Vera, quien aseguró que el Municipio ha trabajado con las personas que no tienen escrituras. “La Alcaldía nos ofreció apoyo desde el principio; impidió que nos sacaran de este lugar y nos permitió construir y arreglar nuestras casas. Nos ofreció legalizar estos terrenos con la entrega de las escrituras hace unos 3 meses. También nos ha llamado a reuniones para que veamos que se está cumpliendo con este trámite”. Los afectados por el terremoto tienen realidades distintas. Unos se acogieron a un cambio positivo impulsado por el Gobierno y otros mantienen la esperanza de tener casa propia en un sitio declarado con alto riesgo para la habitabilidad. Diario EL TELÉGRAFO buscó, desde el 6 de abril, la versión del alcalde de Babahoyo, Johnny Terán, pero este se disculpó a través del departamento de comunicación del Cabildo, por no poder dar la entrevista sobre esta problemática.