La pequeña sabe qué sucedió. Cuando se le pregunta qué pasó ella gesticula con sus labios: “por la bomba”. La zona que está más allá de la cinta está controlada por infantes de la Marina y por policías del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y del Grupo Móvil Especial Antinarcóticos (GEMA).
Ellos deben autorizar la circulación por ese lugar. La madrugada del pasado 16 de marzo los habitantes de la parroquia se despertaron asustados por el estruendo de una explosión. Iraida Campos es abuela y vivió de cerca el atentado. Recordó que luego de la detonación se cortó la energía eléctrica y una nube de polvo cubrió el ambiente. Todo era confusión y el nerviosismo reinaba.
Esta bomba fue colocada en una de las paredes exteriores del retén naval de Borbón, un destacamento militar donde se realiza el control de las poblaciones que se levantan en las riberas del Cayapas. El explosivo, de acuerdo con Fausto Olivo, director de Criminalística de la Policía, fue de fabricación casera, similar a la bomba que pocos días después mató a tres infantes de Marina en Mataje.
En el caso de Borbón nadie resultó herido; el camarote donde se colocó el artefacto estaba vacío. Así lo cuenta un marino que pide que no se publique su nombre porque no está autorizado para dar información. La onda afectó el cuartel militar y ocasionó daños menores en algunos edificios cercanos, como la flamante sede del Municipio.
Si bien fue una bomba pequeña, el artefacto se colocó en el centro del malecón de Borbón, una obra que no tiene ni cinco años de funcionamiento y que buscaba convertirse en el nuevo corazón de la cuidad, y además atraer a los visitantes. El incremento de la violencia en la zona norte de Esmeraldas obligó a las Fuerzas Armadas y Policía a reformular su estrategia de seguridad. Ahora se controla el paso a sectores como Mataje, El Pan, el centro de Borbón, Alto Tambo y Lita.
En cada uno de estos puntos se inspeccionan meticulosamente los vehículos y los documentos de las personas. En los próximos días los controles aumentarán y se prevé que se prohíba el paso a ciertos sectores en un horario específico, especialmente en la noche. Además se revisarán las horas de atención de los centros de diversión nocturna.
Estas acciones se encuentran dentro del estado de excepción que rige en San Lorenzo y Eloy Alfaro, los dos cantones esmeraldeños más golpeados por los atentados atribuidos a bandas criminales que operan desde Colombia.
Iriada Campos no quiere abandonar su casa, a pesar de que sus hijos, uno de ellos de la Fuerza Aérea de Ecuador (FAE), le piden que salga de Borbón. Para ella su vida está ahí y pasa las tardes en su antigua máquina de coser que funciona sincronizadamente con el movimiento de sus pies en el pedal.
La mujer no cree que la vida haya cambiado en Borbón. El antiguo poblado que era centro de acopio de productos naturales hoy es considerado una ruta del tráfico de drogas. Un territorio deseado por las bandas del narco que están compuestas por exguerrilleros y que son llamados por los militares nacionales como Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR). Y quien dirige al grupo más fuerte sería un ecuatoriano identificado con el alias de ‘Guacho’.
Él perteneció a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pero rechazó el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Ahora lidera su propio grupo dedicado al narcotráfico.
Los informes de la Inteligencia ecuatoriana sostienen que seis de estos grupos operan en Tumaco y en las zonas de influencia del norte de Esmeraldas. Para combatirlos, Ecuador aumentó la presencia de su fuerza pública.
El contingente es de 12.000 uniformados armados y equipados, entre policías y militares, que se encuentran en zona de frontera. Ellos operan bajo un Mando Unificado entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por lo que estas instituciones trabajan en conjunto. En cada patrulla hay miembros de ambas instituciones.
Hasta el momento, ellos son responsables de la incautación de precursores químicos valorados en $ 600 millones, lo cual lesiona directamente las operaciones de la delincuencia organizada. Así lo aseguraron los ministros que el jueves pasado mantuvieron una reunión en la capital provincial, en la ciudad de Esmeraldas.
Durante el estado de excepción se han ejecutado 312 operaciones conjuntas, 68 operativos de registro de explosivos, 53 operativos coordinados, 40 cierres de bares, 36 registros con canes, 38 operaciones fluviales, 11 allanamientos, entre otras acciones. Además existen 14 personas detenidas que formarían parte de la banda que atacó a los militares y los retenes.
Estas acciones dejaron más de una tonelada de droga confiscada; 3.606 galones de químicos para refinar droga retenidos; 18 detenidos para investigaciones y varios vehículos incautados.
Está previsto que estas acciones conjuntas se mantengan y se amplíe el estado de excepción hasta recuperar la calma en el norte de Esmeraldas. De igual manera el Estado ecuatoriano no descarta nuevos ataques debido a la presión que sufren las bandas criminales.
Fuente: El Telégrafo
