Esa tasa, que se cobra según el avalúo del impuesto predial, fue creada mediante ordenanza municipal el 3 de octubre de 2016 durante la alcaldía de la correísta hoy asambleísta por UNES, Alexandra Arce. La recaudación empezó en enero del 2017 y continúa hasta ahora.
Según el documento, que tiene como base el catastro predial, por cada año se deben recaudar $ 355.299. El objetivo, consta en la ordenanza, era colocar cámaras y otros dispositivos para “la prevención de la violencia y la reducción de la delincuencia”.
En sus dos últimos años de gestión, la administración de Arce debió recaudar algo más de $ 700.000, y una cifra similar debió ingresar en los dos años que lleva su sucesor, Dalton Narváez (PSC). Los montos recibidos por el cobro de esa tasa, según la ordenanza, los maneja el Consejo de Seguridad de Durán.
¿Qué se ha hecho con el dinero?
“Pudimos instalar alarmas comunitarias, cámaras de seguridad, pudimos poner iluminación, adecuar los espacios públicos”, declaró Alexandra Arce en una entrevista con Teleamazonas.
Sin embargo, Yeferson Tenorio, secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad de Durán, entidad que maneja los fondos provenientes de esa tasa, le dice a este diario que la administración de Arce solo instaló cinco cámaras y 31 sistemas de alarmas comunitarias con 442 botones de pánico. “Esta administración ingresó en mayo del 2019 y no encontró valores correspondientes al rubro de seguridad”.
Arce dejó además dos cabinas con sistema de videovigilancia, una torre de radio frecuencia y una sala espejo con dos estaciones de trabajo de un monitor, cuatro pantallas Smart TV y equipos informáticos necesarios para la operatividad del sistema de vigilancia.
En Durán hay otras 62 cámaras, pero esas fueron puestas por el ECU911, su conectividad y mantenimiento se pagan con los fondos provenientes de la tasa municipal para seguridad. Pero una parte de esas cámaras apunta a las puertas de instituciones educativas, para evitar el microtráfico de drogas en sus exteriores, aunque hace dos años no hay clases presenciales debido a la pandemia del COVID-19.
Ya en el 2017, cuando empezó a cobrarse la tasa de seguridad, la propia Arce decía que el 60 % de lo recaudado iba a destinarse para implementar alarmas comunitarias en sectores donde estén establecidos consejos barriales de seguridad. Y admitía que, aunque inicialmente se había planificado la instalación de muchas más cámaras de vigilancia, eso no sería posible al reconocer la falta de recursos; a cambio suscribió un convenio interinstitucional con el sistema ECU911.
Nota Original: El Universo – LINK
