De ellas, 11.000 no fueron tramitadas por la anterior Corte, presidida por Alfredo Ruiz. Las 2.000 restantes se acumularon en los últimos cuatro meses.
En agosto pasado esa magistratura fue cesada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T). A eso se suman demandas y pedidos de reconsideración que tampoco fueron despachados.
Para el constitucionalista Juan Francisco Guerrero, los jueces deben analizar en el menor tiempo posible cuáles son los expedientes que ameritan prioridad. “Aunque deben pasar por un primer filtro, que es el de admisibilidad”, sostuvo el jurista.
Responsabilizó a la anterior Corte, a la que calificó de inoperante, por no gestionar las causas. “No estableció parámetros claros para los procesos de admisibilidad”, explicó.
A los jueces también les espera un trabajo adicional: resolver las demandas ciudadanas sobre problemas con los servicios públicos que reposan en la magistratura.
Según Guerrero, un caso urgente para resolver es la objeción que ciudadanos presentaron sobre el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de Reforma al Código Orgánico General de Procesos (Cogep).
En noviembre pasado, un comunicado del Gobierno informó que ese proyecto contraviene la Constitución.
¿Por qué? Según el Ejecutivo, “el articulado afecta garantías como el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa, al mismo tiempo causa dilaciones injustificadas”.
Ese proyecto está bloqueado y seguirá así mientras la Corte Constitucional no dé trámite respectivo, explicó Guerrero.
Fuente: El Telégrafo – Nota Original: LINK
