Explicó que en el proyecto existen temas que ameritan ser analizados con mayor detenimiento como por ejemplo el precio que debe fijarse en los contratos, de conformidad con las notas técnicas y estudios actuariales aprobados por la Autoridad Sanitaria Nacional.
Sobre este tema hay que dialogar con el Ejecutivo, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Salud Pública para reglamentar este particular, considerando que no se puede dejar a discreción de actuarios independientes que, a través de clínicas, asuman una responsabilidad que le compete a la Autoridad Sanitaria Nacional, añadió la parlamentaria.
Otro de los aspectos que debe estudiar la comisión es el tiempo para presentar reclamos, ya que existe discrecionalidad. No se debe dejar taxativamente 60 días. Se requiere un plazo de por lo menos seis meses para que la gente no pierda su derecho al reclamo y pueda presentar los descargos, enfatizó.
En algunos casos se requiere exámenes, estudios complementarios que el paciente o usuario tiene que comenzar a recoger de los hospitales o clínicas donde se atendió para generar el reclamo, añadió.
Así mismo, dijo, el organismo legislativo deberá analizar lo referente a los planes que contrate el usuario sobre enfermedades por salud mental y las adicciones que también deben responder las empresas de medicina prepagada, así como lo relacionado con el capital social mínimo. En el proyecto se fija en 800 mil dólares el capital mínimo, pero otros creen que debería establecerse en un millón quinientos mil dólares y otros como la legisladora Verónica Rodríguez plantea dos millones de dólares para que puedan cubrir todos los servicios que financiarían estas empresas de medicina prepagada, añadió.
Pamela Falconí reiteró que al haber temas que deben ser analizados con mayor profundidad, la presidenta encargada de la Asamblea Nacional, Rossana Alvarado, manifestó que se tomarán los tiempos pertinentes para que la comisión evalúe y pueda debatir con las instituciones respectivas.
