"La situación de las empresas públicas es insostenible". Con esas palabras José Agusto Briones, secretario general de la Presidencia, empezó la reunión con gerentes y trabajadores de dicho sector.

Más de 3000 empleados saldrían de las empresas publicas - El Telégrafo

Sobre el recorte de personal en estas empresas, Briones sostuvo que se trata de optimizar la masa salarial, “que no implica botar a trabajadores honestos, pero no es posible que existan más asesores que gerentes y es de eso de lo que estamos hablando“.

Añadió que hay que precautelar el trabajo honesto y que las empresas públicas funcionen para el fin que fueron creadas. “Vamos a encontrar soluciones conjuntas“, añadió. La ministra del Interior, María Paula Romo, recalcó que la tarea que está desarrollando el Gobierno tiene que ver con la ética y la transparencia en todas las instituciones del Estado, en este caso, para las empresas públicas.

Explicó que la reunión es “para escuchar algunas preocupaciones que plantean los trabajadores y para asegurarnos que los gerentes las escuchen“, aunque sostuvo que ello no significa que “el gobierno no vaya a tomar las decisiones que se tienen que tomar”. En tanto que Sergio Enderica, presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), estimó que entre 3.000 a 3.500 trabajadores serían desvinculados de las empresas públicas.

Alrededor de USD 60 millones al año sería el ahorro por pago de remuneraciones. Oswaldo Chica, presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), después reunirse con las autoridades, expresó la necesidad de que sea una optimización “que efectivamente nos lleve a una eficiencia”. Dijo que plantearon que se transparente la tercerización de algunas empresas, y el tema de mandos altos donde existen algunos cargos creados en anteriores administraciones que no están cumpliendo un rol específico. “Se va a trabajar para garantizar a los compañeros que han cumplido un ciclo en las empresas eléctricas que se puedan jubilar“, dijo Chica al mencionar que actualmente están impedidos de hacerlo por acciones de carácter legal.

Fuente: El Telégrafo – Nota original: LINK