De manera general, la autoridad deberá presentar datos en torno a la constitución y funcionamiento de dichos paraísos fiscales, de las compañías offshore en varios países, fundamentalmente en Panamá. En base a ello, obtendremos más elementos de juicio para ir construyendo el informe y remitirlo al Consejo de Administración Legislativa (CAL), dando, así, respuesta a las dos resoluciones que emitió el organismo, precisó.
Las solicitudes de información corresponden a los parlamentarios Christian Viteri y Marisol Peñafiel, integrantes de la comisión, así como inquietudes de otros legisladores de diferentes partidos y movimientos políticos.
“Se habla, continuó, por ejemplo, que aquí un rector de una universidad estaría recibiendo el salario básico unificado, pero en los paraísos fiscales aparecería, a través de los compañías offshore, percibiendo alrededor de 20 mil dólares; las universidades durante años habrían sacado millones de dólares a los paraísos fiscales, lo que es altamente preocupante”, alertó.
Comentó que “los padres de familia hacen grandes esfuerzos para que sus hijos se preparen, capaciten y logren un título de tercer nivel, mientras las universidades lo que están haciendo es prácticamente un negocio, lucrando con esos estudiantes aquí y los beneficios económicos sacan a grandes paraísos fiscales”.
En esto contexto, se ha pedido al Director de SRI que indique cuáles son los montos, en qué tiempos, en qué periodos han sacado las universidades dineros a paraísos fiscales, si han cumplido con el pago o no del impuesto por la salida de capitales, enfatizó.
En la misma línea, habrá que analizar la condición de otras empresas, medios de comunicación, cadenas de supermercados, que tienen recursos en paraísos fiscales. La ley permite constituir empresas offshore, pero urge conocer si estas han evadido o no el pago de impuestos, si tales dineros son lícitos o fruto del narcotráfico, de la trata de personas, etc, argumentó.
Mauro Andino Reinoso dijo que aspiran entregar en agosto al CAL el correspondiente informe de la investigación realizada, en el cual se puede sugerir que remita el expediente a la Contraloría y Fiscalía para que inicien las acciones debidas de existir presunción del cometimiento de irregularidades administrativas, civiles y penales.
