El rey Felipe VI de España firmó este martes el decreto de convocatoria de unas nuevas elecciones legislativas el 26 de junio ante la incapacidad de los partidos para formar gobierno, anunció a la AFP el servicio de prensa del Congreso.

El rey Felipe VI de España firmó este martes el decreto de convocatoria de unas nuevas elecciones legislativas el 26 de junio ante la incapacidad de los partidos para formar gobierno, anunció a la AFP el servicio de prensa del Congreso.

En este decreto, el rey ordena la disolución de las cortes y la convocatoria de elecciones sólo 6 meses después de las legislativas de diciembre, que dejaron un escenario político muy fragmentado con cuatro grandes partidos incapaces de entenderse para formar un nuevo ejecutivo.

La sesión parlamentaria que dará inicio a la próxima legislatura se celebrará el 19 de julio, precisó el presidente del congreso de los diputados, Patxi López. «Es la primera vez que se produce este hecho en la época democrática, porque no hemos sabido cumplir el mandato ciudadano de llegar a un acuerdo de mayoría suficiente para formar un gobierno», lamentó López en una breve comparecencia.

Desde la restauración de la democracia en 1977, tras 40 años de dictadura del general Francisco Franco (1939-1975), España no vivía un bloqueo político como éste. En las elecciones del 20 de diciembre, los españoles castigaron a los dos grandes partidos, el Partido Popular (PP, conservador) y el partido socialista (PSOE), que se habían repartido históricamente el poder. El PP del jefe de gobierno Mariano Rajoy, en el poder desde 2011, ganó los comicios pero pasando de 186 escaños a 123. El PSOE fraguó el peor resultado de su historia con 90 diputados, contra 110 en 2011.

Los electores, molestos con la austeridad y la corrupción, hicieron emerger dos nuevas formaciones: Podemos, de izquierda, que obtuvo 65 diputados junto a varios aliados, y Ciudadanos (centroderecha), que sacó 40 escaños. Para formar gobierno era necesario fraguar coaliciones pero no lo consiguieron, prolongando el gobierno de interinidad de Mariano Rajoy, que solo puede gestionar los asuntos cotidianos y no está autorizado a emprender ninguna reforma. Esta situación se podría alargar hasta el mes de agosto, varias semanas después de la sesión constitutiva de las cortes el 19 de julio, que abrirá una nueva etapa de negociaciones para formar un ejecutivo.