La intención del proyecto de Ley de Declaraciones Patrimoniales Juramentadas es que las declaraciones patrimoniales que deben hacer los servidores públicos se realicen como las declaraciones ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), es decir mediante internet y ya no ante un notario.
Fabián Solano, presidente de la Comisión que trató el tema, defendió esa posibilidad argumentando que «esto no está en contra, sino a favor de la transparencia». Asimismo, Luis Fernando Torres, legislador de Cambio-PSC, explicó que «no cambia mayormente la situación, pero se disminuye un trámite; no hay motivo de alarmarse». Sin embargo, para el asambleísta independiente Ramiro Aguilar «debe haber una diferencia para los que tenemos una función pública y esa diferencia debe ser el juramento, pero no ante el computador, sino ante alguna autoridad».
Esta opinión la comparte Marcelo Espinel, coordinador general en el Observatorio Legislativo. Espinel expresó a Notimundo su preocupación por la posible aprobación del proyecto, debido a que el mismo ha sido tratado con una «inusual celeridad», ya que este fue presentado en abril de 2013, y después de 3 años se emitió el informe para primer debate «y ha sido tratado en menos de 15 días para su segundo debate». «Se nota que la Asamblea tiene, al parecer, una gran premura en aprobar este proyecto de Ley», dijo.
Espinel señaló que las dudas en torno a este proyecto giran alrededor de un solo punto: se cataloga como «confidenciales» las declaraciones de bienes presentadas por los funcionarios públicos. «De aprobarse, significaría un grave retroceso en la transparencia de la región», dijo, y añadió que en distintos países latinoamericanos las declaraciones de bienes son públicas.
Además, explicó que hasta el momento solo 29 asambleístas de 137 han hecho pública su declaración, incluso el propio Fausto Solano, por lo que le sorprende que ahora el legislador defienda la confidencialidad de su declaración. Para Espinel, la ciudadanía tiene el derecho de conocer si el patrimonio de los asambleístas ha aumentado o decrecido porque, si no, «constituye un retroceso en la transparencia».
El segundo debate se suspendió y la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, no dio una nueva fecha para reanudar la sesión.
