La demanda está dirigida contra una veintena de grandes compañías privadas y decenas de empresarios implicados en el caso y se suma a una similar, que tramita en tribunales desde hace meses, en la cual pide que el Estado sea resarcido en otros 11.000 millones de reales (3.142 millones de dólares).
Entre las empresas que son objeto de la acción judicial figuran algunas de las grandes constructoras del país, como Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez, UTC, Camargo Correa, Queiroz Galvão, Mendes Júnior e Engevix.
La demanda también alcanza a los exdirectores de Petrobras Paulo Roberto Costa, Renato Costa y Pedro Barusco, así como a decenas de antiguos ejecutivos de las empresas privadas implicadas en el caso.
Según admitió la propia Petrobras en sus balances, la vasta red de corrupción que operó en su seno se apropió en forma ilegal de por lo menos unos 2.000 millones de dólares entre 2004 y 2014.
La red implicaba a directores de la petrolera estatal, decenas de compañías privadas y al menos medio centenar de políticos, y operaba mediante subastas amañadas en las cuales eran otorgados contratos con precios inflados, cuyas diferencias eran repartidas entre los miembros de la trama.
