El dignatario explicó que esta medida ya se está aplicando en contratos que estén vinculados a Petroecuador, pero que ha dispuesto que este tipo de medidas se aplique en todo el sector público.
«Esos estudios son pagados con el dinero de mi pueblo y son para construir obras para mi pueblo. Y a veces no nos cuadran los presupuestos por estudios mal hechos, a veces mal fiscalizados también, pero si un estudio está mal hecho -y con mala fe como en algunos casos que no voy a hacer públicos porque están sujetos en estos momentos a procesos penales- (…) Demandaré penalmente a las empresas que hagan malos estudios que impactan en la estructuración de los costos, que afectan el Presupuesto General del Estado o el tiempo de construcción», indicó el Segundo Mandatario.
Glas afirmó que esta podría ser una medida «dolorosa» porque conoce «a algunos de los contratistas que han hecho ciertos estudios y son profesionales de muchos años, pero estudio mal hecho será demandado penalmente por estafa».
