La prohibición del uso de celulares durante las votaciones de la segunda vuelta generó una serie de reacciones, una de ellas, de juristas quienes afirman que la decisión es abiertamente inconstitucional. En NotiMundo A La Carta, Esteban Ron, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UISEK, cuestionó la medida adoptada por el Consejo Nacional Electoral y consideró que esta se adhiere más a temas políticos antes que para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Créditos: EFE

La prohibición del uso de celulares durante las votaciones es, según Esteban Ron, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UISEK, una medida inconstitucional e ilegal. Esto, debido a que el esquema electoral del país está configurado de manera que la publicación de fotos con la papeleta marcada no genera vulneraciones de derechos al resto de personas.

Ron planteó un caso en el que una persona que acuda a sufragar y, pese a la prohibición, utilice su celular en el biombo, las autoridades podrían restringirle el voto. Algo que, según dijo, es inconstitucional, porque no se puede ni debe privarse el derecho al voto.

De acuerdo con Ron, el Consejo Nacional Electoral obvió la fase de prevención y se dirigió de manera directa a la prohibición del uso de celulares en respuesta a informes de inteligencia que presuntamente relataban casos de personas que fueron coaccionadas para votar por ciertas organizaciones política. Enfatizó que, estos hechos, evidencian que el organismo electoral “ha sido víctima de sus propios errores”.

“El CNE tomó una resolución más política que preventiva de seguridad”, dijo.

Insistió en que, si el Consejo buscaba una decisión que favorezca a la seguridad del electorado, el camino era precisamente una prohibición, sino un exhorto a la ciudadanía de sentirse en la libertad para denunciar este tipo de hechos estipulados en el informe jurídicos.

Ron adelantó que la resolución puede estar sujeta aún a mecanismos constitucionales y electorales que se oponen a la medida, a pocas semanas de la segunda vuelta entre Daniel Noboa y Luisa González.

“Esta resolución que viene a ser inaplicable, que tiene vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad y que no está coordinada con la Fuerza Pública está generando este caos”, puntualizó.

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