«Toda vez que nos ocupa cumple con lo establecido en el Convenio sobre asistencia Jurídica en Materia Penal, (…) mediante este oficio se la requiere para que en calidad de INVESTIGADA comparezca ante esta Representación Social de la Federación (..) en la Ciudad de México el 17 de diciembre de 2020, a las 12:30, a afecto que le sean puestas en conocimiento los hechos que se le imputan y manifieste lo que a su derecho convenga …», señala el documento enviado a Rivadeneira por la Fiscalía General de México.
Días después de ocurridos los hechos de octubre de 2019 en protesta de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno de Lenín Moreno, Rivadeneira junto a su esposo y los también legisladores Soledad Buendía, Carlos Viteri Gualinga, con sus respectivas parejas, y Luis Fernando Molina ingresaron en la Embajada de México en Quito, solicitando protección ante lo que ellos aseguraban era una persecución política. Todos viajaron a México en enero pasado.
Rivadeneira en diversos discursos públicos dijo que «no se podía seguir con un Gobierno que no toma decisiones para la mayoría de la gente», que la Asamblea debía «determinar el incumplimiento de funciones» y que se debía avanzar «hacia la destitución del presidente Lenín Moreno».
Para Gabriel Rivera, abogado de Rivadeneira y ex legislador durante el Gobierno de Rafael Correa, este llamado lo único que refleja es la mala utilización del sistema judicial para perseguir a opositores. Aclaró que pese a esta judicialización de la política, su defendida si asistirá a la Fiscalía en México.
El documento de la Fiscalía de México anticipa a Rivadeneira y su defensa que «Queda legalmente apercibida que en caso de no comparecer sin causa legalmente justificada podrá hacerse acreedora a una multa».
«No para la persecución contra Gabriela Rivadeneira, en Ecuador es delito ser correísta, proscriben a Rafael Correa por presentar la luz ante la oscuridad eterna impuesta por las élites a nuestros pueblos amazónicos, andinos y del Pacífico», escribió Rivera en su cuenta de Twitter.
Por los hechos ocurridos en octubre del 2019, la actual prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y el ex asambleísta de Alianza País, Virgilio Hernández, han sido llamados a juicio por el delito de rebelión.
Nota Original: El Universo – LINK
