Incremento de los puntajes de formación académica y experiencia laboral, así como que los postulantes al concurso para la selección del nuevo contralor general del Estado se sometan a un examen práctico oral, son parte de las principales reformas al reglamento para designar a esta autoridad.
Esta será la primera ocasión en que se aplique este mecanismo, respecto de los procesos que se realizaron entre el 2011 y 2016.
Este fue parte de un paquete de decenas de cambios que se hicieron al reglamento de selección, que aprobaron Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Hernán Ulloa, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en la sesión ordinaria permanente 3, que se reinstaló y se clausuró este 17 de febrero.
Esta exposición oral se valorará sobre 20 puntos, otros 30 se darán al examen escrito y 50 a la calificación de los méritos, que en total sumarán 100.
La norma explica que este examen práctico tiene como finalidad garantizar la inmediación y oralidad, y consiste en la resolución de un caso hipotético relacionado con las funciones que desempeña la autoridad de la Contraloría.
Este caso lo elaborará un equipo de catedráticos escogidos por las universidades del país, quienes a su vez elaborarán las respuestas.
En relación con esta fase del concurso, se eliminó la disposición que permitía que elbanco de preguntas se divulgue 48 horas antes del día del examen escrito para que los participantes lo conozcan. Además, ya no serán 2.000 preguntas, sino 60.
Estas modificaciones se hicieron al reglamento que fue aprobado en agosto del 2021por la mayoría que lideraba Sofía Almeida junto con David Rosero, Javier Dávalos y Estupiñán.
En cuanto a méritos, los cuatro vocales aumentaron a 20 puntos la formación académica, que antes se valoraba en 15; la capacitación pasó de 5 puntos a 1,5; la experiencia laboral se valorará en hasta 20 puntos, frente a lo que era antes, por 15; la experiencia específica antes equivalía a 15 puntos y hoy sumará hasta 5 puntos; y los otros méritos se mantuvieron en 5 puntos.
En lo administrativo del concurso, se cambió una disposición para que el secretario de la comisión ciudadana de selección de las autoridades se elija de entre sus diez miembros; con ello se dejó sin efecto que el secretario provenga de una terna propuesta por la presidencia del CPCCS.
Se eliminaron artículos para que los postulantes presenten certificados de test psicológico de habilidades y aptitudes; la acción afirmativa, que sumaba hasta dos puntos; y el un punto por hablar otros idiomas.
Además, se aumentó el requisito para que quienes concursen no estén registrados en la base de datos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Estos cambios no fueron bien vistos por Almeida, quien se disputa la presidencia con Hernán Ulloa y que, en una rueda de prensa ayer, denunció que este será un concurso que se haga “a dedo”.
“Estos cambios no solamente alargan los tiempos con dos y tres meses, pues no se concluirá el concurso en los plazos previstos. Se permitirá la discrecionalidad para medir con una vara a los ciudadanos y otra a los amigos del Gobierno. No es un parámetro objetivo, pues se ajustan perfiles”, enfatizó Almeida.
Advirtió que las actuaciones de los cuatro consejeros no son claras, porque “no se reconoce la legalidad”, esto debido al conflicto legal y político en el que se debaten Almeida y Ulloa por la presidencia del CPCCS y por el que hay recursos legales pendientes de trámite en los juzgados.
Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, asintió con respecto a que esto “endereza” el concurso de selección, en el que se incluyó al menos el 90 % de las propuestas que plantearon a los consejeros en diciembre pasado.
Explicó que este examen práctico no se trata de una entrevista al postulante. “No hay que confundir un examen práctico con una entrevista. La propuesta no es para que se les pregunte: ‘¿Qué opina usted?’. No. Hay preguntas y respuestas, es como un examen de grado. Que no pretendan hacerse las víctimas, porque lo que se ha planteado en nuestras sugerencias no es una entrevista, es un examen de grado”, recalcó.
En cuanto a méritos, Alarcón resaltó que esto ayudará a que los postulantes de la academia y el sector privado tengan equidad en la calificación, pues antes se daba mayor puntaje a quienes venían del sector público.
Rivadeneira, elegida presidenta por la mayoría el 9 de febrero, ofreció realizar un “proceso diferente” en el que se evaluarán los conocimientos de quienes participen y de forma transparente. (I)
Fuente: El Universo – Nota Original: LINK
