Dentro de caso por delincuencia organizada relacionado al proyecto de construcción del hospital de Pedernales de 30 camas, el exasambleísta Daniel Mendoza solicita acogerse al procedimiento abreviado y antes de instalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la mañana de este lunes, el juez Marco Rodríguez deberá decidir sobre este y otros siete petitorios que llegaron a la fiscal general Diana Salazar.

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Primer debate de la Ley de Crecimiento Económico continuará el 5 de noviembre. Créditos: El Telégrafo

La mañana de este lunes fue convocada la diligencia de evaluación y preparatoria de juicio, pero no se instaló pues previamente deben ser absueltos los pedidos de procedimiento abreviado enviados por la Fiscalía el viernes último a favor del exlegislador Mendoza; por su exasistente Jean Benavides; René Tamayo, exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob); Jennifer Cobeña, expresidenta de la Comisión Técnica de Calificación del Secob; el representante del Consorcio Pedernales-Manabí, José Véliz; Franklin Calderón, alias «Banquero»; José Santos y Ángel Andrade.

Al momento la fiscal Salazar ha intervenido y el juez Rodríguez ha concedido la palabra a cada uno de los procesados para que de manera directa consientan el procedimiento al que van a ser sometidos y que tendrá una reducción en su pena. Los procesados están aceptando el procedimiento de manera telemática desde cada uno de los Centros de Rehabilitación Social en que se encuentran, por ejemplo, Mendoza está desde la Cárcel 4, al norte de Quito.

Los restantes once procesados y sus abogados deberán presentarse en la Corte Nacional mañana martes para instalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio

Al menos cinco de los ocho procesados por delincuencia organizada que solicitan el procedimiento abreviado rindieron a finales de septiembre e inicios de octubre pasados testimonios anticipados en el caso. Estos fueron Mendoza, Tamayo, Benavides, Véliz y Calderón.

Rodríguez aceptó la aplicación del procedimiento abreviado para los ocho procesados que lo solicitaron.

El juzgador, en la audiencia, dictará su resolución de acuerdo con las reglas del COIP, que incluirá la aceptación del acuerdo sobre la calificación del hecho punible, la pena solicitada por la o el fiscal y la reparación integral de la víctima, de ser el caso.

La Fiscal general Diana Salazar solicitó para Mendoza 50 meses de cárcel (cuatro años y un mes) en calidad de autor del delito de delincuencia organizada que, según el COIP, define hasta un máximo diez años de pena.

Para Cobeña, Santos y Andrade 40 meses de cárcel (tres años y tres meses de cárcel); mientras que para Tamayo, Benavides, Caderón y Véliz 34 meses (dos años y ocho meses) de privación de libertad. Todos son acusado en calidad de autores del delito investigado. 

Nota Original: El Universo – LINK