Así como lo hizo el martes último el exasambleísta Daniel Mendoza; su exasesor legislativo, Jean Carlos Benavides; el ingeniero Franklin Calderón; y el representante del Consorcio Pedernales-Manabí, José Véliz, Tamayo ante el juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, desde las 09:00 del lunes próximo, revelará lo que conoce sobre el caso en el que es investigado.
En la diligencia, el exdirector podrá aclarar acusaciones hechas contra él por otros coprocesados en esta causa. Por ejemplo, que él llegó al cargo por recomendación del entonces asambleísta Eliseo Azuero, procesado también en este caso y quien se encuentra prófugo de la justicia; o que fue parte de un esquema de repartos de dinero para facilitar la entrega del contrato y la fiscalización de la construcción del hospital de Pedernales.
Además del testimonio anticipado de Tamayo, el cual fue solicitado por la fiscal general, Diana Salazar, la defensa del exfuncionario del Secob hizo llegar a la Fiscalía, el pasado 30 de septiembre, una solicitud para someterse al procedimiento abreviado. La respuesta que recibió es que se atenderá lo solicitado, de considerarlo pertinente, en el momento procesal oportuno.
El testimonio anticipado de Tamayo será una de las últimas acciones investigativas que se realicen, pues han concluido los 120 días que se ordenaron de instrucción fiscal en este proceso penal.
Durante la semana que terminó se receptaron, además de los cuatro testimonios anticipados, varias ampliaciones de versión del mismo Mendoza, Benavides, Calderón y Véliz, y de otros procesados y personas que conocía del tema. Además, la Fiscalía ordenó una ampliación al informe pericial técnico hecho a los archivos de audio de nombres: ‘La verdad’ y ‘La llamada’, los cuales habrían sido facilitados por el exlegislador Mendoza.
Sobre Azuero, el fiscal encargado del caso, Xavier Rosero, solicitó a la Policía Judicial y a la oficina de la Interpol en Ecuador una certificación en la que conste si este ahora exlegislador tiene registro de antecedentes penales o registro de búsqueda internacional. A la coordinadora general de Acceso a la Justicia Penal de la Fiscalía también se pide una certificación en la que conste si existen causas penales o que se hayan tramitado en la Fiscalía contra Azuero.
Nota Original: El Universo – LINK
