Los miembros del otrora grupo rebelde también protestan por el incumplimiento de la ley de amnistía que prevé la excarcelación de aquellos que no estén implicados en delitos atroces, como parte del acuerdo de paz firmado a finales de 2016.
Los prisioneros “se han declarado en desobediencia pacífica y huelga de hambre para denunciar la ausencia de garantías jurídicas a los excombatientes”, afirma el texto difundido por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). Santrich, uno de los exnegociadores del acuerdo, fue detenido el 9 de abril por pedido de Estados Unidos, que lo acusa de conspiración para exportar diez toneladas de cocaína.
El dirigente permanece en la sede de la fiscalía también en huelga de hambre, y a la espera de que se defina si será extraditado a Estados Unidos. En apoyo a su medida, exguerrilleros iniciaron la protesta en siete cárceles del país.
Unos 623 militantes siguen en prisión después de haber firmado el histórico pacto que garantiza amnistía para los detenidos que no estuvieran implicados en delitos atroces.
La FARC describió el caso de Santrich como “un montaje jurídico” que “genera desconfianza en todos” los excombatientes, y que deja la implementación de los acuerdos en “su punto más crítico”. El presidente Juan Manuel Santos ha enfatizado que ningún rebelde será extraditado por narcotráfico, a menos que el delito se haya cometido después de la firma de la paz.
Y la fiscalía sospecha precisamente que Santrich se involucró con posterioridad en actividades relacionadas con el tráfico de drogas. El exnegociador hace parte de la lista de diez congresistas de la exguerrilla que deben asumir sus curules el 20 de julio, según lo convenido al término de cuatro años de negociaciones de paz.
Fuente: El Comercio
