En una rueda de prensa los exmagistrados insistieron en que existen suficientes pruebas para encausar políticamente al funcionario, a quien acusan de supuesta corrupción en la administración de Justicia.
“El bloque de Alianza País sigue protegiendo la corrupción en el Consejo de la Judicatura, así como en su momento protegió al vicepresidente Jorge Glas; se niegan a ver lo evidente”, señaló Hernán Ulloa, abogado de los exjueces, este miércoles 4 de octubre del 2017, en Guayaquil.
El martes 3 de octubre el CAL inadmitió el proceso, según el legislador del movimiento Creo Esteban Bernal. Dijo, en una rueda de prensa en Quito, que conoció la decisión a través de un informe de la Comisión Técnica Legislativa que extraoficialmente llegó a su conocimiento.
Explicó que dicho informe concluye que Jalkh y el CNJ sí cumplieron con sus funciones, pero cuestionó que no se hayan tomado en cuenta las pruebas que se presentaron. Bernal presentó 40 pruebas de fondo “en las cuales se evidencia la metida de mano de Jalkh en la justicia”, según un comunicado del movimiento Creo.
Pero el presidente de la Judicatura ha rechazado las denuncias. Ulloa dijo que en el pedido al Legislativo se sumaron las pruebas de los supuestos actos de corrupción como audios, videos y los casos documentados de las destituciones de los exjueces, las mismas que él adjuntó a la investigación que abrió la Fiscalía, en base a su denuncia presentada el 15 de septiembre pasado.
Añadió que los legisladores deberían “dar un paso al costado” para que se puedan investigar los casos de corrupción, como ha sido el pedido público del presidente Lenín Moreno.
“Están impidiendo la fiscalización, con el pretexto que no se han cumplido con los requisitos”. Recordó que hicieron las denuncias ante el llamado del Mandatario. Pero dijo que hasta ahora estaban esperando “el respaldo” de Moreno, ante la “valentía” que han tenido los exjueces para hacer públicos los casos.
“Hemos presentado videos y audios y los funcionarios de la Judicatura siguen en sus puestos de trabajo. ¿Dónde está el respaldo que necesitamos los que estamos denunciando corrupción?”, preguntó en la rueda de prensa en la que estuvieron varios exjueces. Entre las evidencias que han presentado está un video con audio que supuestamente se atribuye al presidente de la Corte del Guayas, Jorge Ortega, dando instrucciones a los jueces para fallar en contra del exalcalde Balzar, Cirilo González, que buscaba volver al cargo.
Paralelamente, este 3 de octubre del 2017 Ulloa rindió su versión en la Fiscalía del Guayas como parte denuncia de un presunto delito de tráfico de influencias en el Consejo de la Judicatura. En la diligencia también reconoció la firma y rúbrica de Ulloa en el documento.
El mismo día en que se presentó la denuncia de Ulloa, Ortega negó su participación en el video, dijo que era un supuesto montaje y que se reservaría el inicio de acciones legales. La fiscal provincial del Guayas, Patricia Morejón, receptó la versión de Ulloa.
Ella explicó que, si la denuncia va contra funcionarios como Ortega, no sería competente para continuar con el proceso. «Yo no puedo investigar al presidente de la Corte, el goza de fuero nacional» y es al Fiscal general a quien le corresponde llevar el caso. «Excepto que él me delegue, ahí lo podría hacer”, acotó la funcionaria.
Según Ulloa, el Consejo no actúa con la misma severidad con sus directivos como sí lo hace en otros casos. Puso como ejemplo la suspensión provisional por 90 días del conjuez nacional Marco Maldonado, mientras se investiga si habría sido influenciado por el excontralor Carlos Pólit en una decisión judicial.
En agosto, durante una audiencia pública dentro del caso Odebrecht, la Fiscalía presentó un audio donde Pólit menciona que pidió a Maldonado que declarara como maliciosa y temeraria una demanda que presentó en su contra la Comisión Nacional Anticorrupción por un presunto sobreprecio en la Refinería del Pacífico.
«Se refiere a él (a Maldonado), pero su voz no se escucha en ese audio y se procedió a sancionarlo por 90 días», cuestionó Ulloa. Comparó que, en el caso de Ortega, su voz y su rostro supuestamente si se identifican en el video filtrado y no se le ha impuesto ninguna sanción.
Fuente: El Comercio
