Ante las decisiones tomadas por el Frente económico, a través de la Ley de reactivación económica, la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) expresó este martes su profunda preocupación porque no han sido recogidas las propuestas planteadas en las mesas de diálogo convocadas por el gobierno.

Shutterstock

Iván Ontaneda, presidente del directorio de Fedexpor, dijo en rueda de prensa que el sector ecuatoriano no petrolero exportador necesita de manera inmediata herramientas que permitan crecer en exportaciones, generar más empleo y sobre todo ayudar a sostener la dolarización en Ecuador.

Dijo que Fedexport resalta la llamada al diálogo del gobierno, pero un «diálogo sin acciones es un diálogo muerto, es un diálogo que no genera resultados para el sector privado.

«No puede ser posible que el Ecuador siga con 1.650 exportadores no petroleros y que exportemos cerca de 11 mil millones de dólares. El Ecuador necesita duplicar esas exportaciones (…)», indicó Ontaneda.

A favor de consulta
Asimismo, señaló que respaldan el llamado del presidente Lenín Moreno a la consulta popular, porque consideran que en los últimos años se perdió institucionalidad en el país. Pero, agregó, «asimismo requerimos de manera inmediata que en materia económica se generen necesarias medidas que ayuden al crecimiento y al incentivo real del sector no petrolero del Ecuador».

Daniel Legarda, presidente del directorio de Fedexpor, mencionó que hay varios temas que aquejan al sector exportador no petrolero del país y cuya problemática se traduce en una pérdida acelerada de competitividad y falta de productividad.

El primero, dijo, es el reconocimiento de una política de fomento al sector exportador a través de la devolución simplificada de impuestos.

En 2015 se estableció este mecanismo para poder devolver cierta competitividad al sector exportador, sin embargo dejó de pagarse en 2016 quedando pendiente un compromiso con el sector por alrededor de 100 millones de dólares. «Compromiso que lamentablemente ha sido desconocido por el Ministro de Finanzas aduciendo que el sector no ha cumplido con los requisitos, lo cual carece de toda veracidad».

Segundo, mecanismos de compensación de certificado de abono tributario establecido desde 2013 para compensar la pérdida de competitividad en las exportaciones hacia Estados Unidos, por la renuncia del gobierno nacional a la renovación de las preferencias bajo el esquema del ATPDEA. «Este mecanismo quedó pendiente de pago alrededor de $20 millones en 2016 y $ 40 millones en 2017, totalizando alrededor de $ 60 millones de compromiso pendiente de pago con el sector exportador».

Tercero, el próximo vencimiento de las preferencias arancelarias en Estados Unidos bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Legarda expresó que esto va a ocasionar que 400 millones de dólares en exportaciones del país se queden en condiciones de incertidumbre, frente al pago de aranceles, y en una situación de desventaja frente a sus competidores.

«Si bien esta es una decisión del gobierno de Estados Unidos tenemos que hacer énfasis que el sector exportador no puede depender de este tipo de mecanismos unilaterales para poder sostener e incrementar sus ventas y el empleo. Necesitamos un acuerdo comercial de largo plazo con Estados Unidos y la decisión política del gobierno de trabajar en ese camino».

Legarda mencionó como cuarto punto el que no se hayan corregido los desincentivos que existen en la normativa tributaria para el sector productivo y exportador.

Fuente: El Universo