La Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura y la Procuraduría plantearon las acciones legales en contra de todos los dignatarios, funcionarios y servidores que participaron en la destitución de 27 exjueces de la CSJ y ocho exvocales del Tribunal Constitucional, en noviembre y diciembre de 2004.
Los hechos fueron considerados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como generadores de responsabilidad del Estado.
En agosto de 2013 la Corte IDH emitió las sentencias condenatorias contra el Estado ecuatoriano, dentro del caso del “Tribunal Constitucional (Camba Campos y Otros) Vs. Ecuador”, y del caso de la “Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador” en los que se condenó al Estado ecuatoriano a pagar 14,3 millones de dólares por la vulneración de derechos.
La Corte IDH consideró que los diputados del Congreso Nacional, adoptaron una medida arbitraria y contraria a la propia normativa nacional; que el rol del Presidente de la República (Lucio Gutiérrez), en funciones a la época, fue determinante en los eventos que generaron la vulneración de derechos; mientras que los jueces de instancia tienen responsabilidad por cuanto conocieron y negaron las acciones de amparo propuestas.
Finalmente, se determinó que la actuación de los vocales del Tribunal Constitucional de ese entonces impidieron a los afectados interponer acciones de amparo en contra de resoluciones adoptadas por la Función Legislativa.
