«No ganamos nada al tenerlo aquí», afirmó una alta fuente gubernamental, que pidió el anonimato, en un encuentro con periodistas extranjeros, en respuesta a una consulta expresa de Efe.
Aunque la fuente consideró que el caso de Guzmán «demuestra que nadie es más que un Estado», reconoció que el narcotraficante generó una «vulnerabilidad» cuando se escapó el 11 de julio pasado. De allí la decisión de enviarlo a EE.UU. para que sea juzgado.
«Si esto se puede resolver con una extradición no lo vemos como un fracaso, sino como una señal más de la buena relación y el compromiso» de México y Estados Unidos «contra el crimen organizado», sostuvo.
«No le hiere al ego nacional que esté allí», añadió la fuente, para la cual la extradición, «mientras más rápido (se haga) mejor», aunque eso «depende de otro poder», el Judicial, que está viendo la solicitud cursada por EE.UU.
México está «con total disposición» a extraditarlo «en los menores tiempos posibles», pero «más que la celeridad, lo que nos importa es la solidez» del proceso, argumentó.
Guzmán se encuentra en el penal del Altiplano (central Estado de México) desde el pasado 8 de enero, cuando fue recapturado en la localidad de Los Mochis, en el noroccidental estado de Sinaloa, donde nació y tiene su feudo.
El Chapo se había escapado por un túnel de 1,5 kilómetros de esa misma cárcel seis meses antes, en un caso que evidenció la corrupción del sistema penitenciario mexicano.
Era la segunda vez que huía de un penal de máxima seguridad del país, tras hacerlo en 2001 en un carrito de lavandería de la prisión de Puente Grande (estado occidental de Jalisco).
Después de ese primer escape estuvo trece años prófugo hasta que fue detenido, también en Sinaloa, a principios de 2014, en una operación que fue anunciada por el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto como el mayor golpe contra el narcotráfico en muchos años.
Peña Nieto indicó entonces que «sería algo verdaderamente más que lamentable» que el Estado y el Gobierno no tomaran «las debidas providencias para asegurar que lo ocurrido hace algunos años, se pudiera repetir».
Consultada sobre las denuncias de los abogados y la mujer de Guzmán sobre supuestos abusos carcelarios en la prisión donde se encuentra actualmente recluido, la alta fuente gubernamental aseguró hoy que los protocolos que aplican en el Altiplano están «ajustados a las normas carcelarias».
El jefe de prisiones federales de México, Eduardo Guerrero, negó este martes que al capo se le violen los derechos humanos y aclaró que se le despierta cada cuatro horas para pasar lista acorde con el protocolo, pues el narcotraficante no está «en un spa».
La semana pasada uno de los abogados de Guzmán dijo que el criminal se declarará culpable si es extraditado a Estados Unidos, a cambio de «una pena razonable» y de ser recluido en una prisión de mediana seguridad.
Guzmán enfrenta decenas de cargos por narcotráfico y lavado de dinero en tribunales federales de Arizona, Texas, California, Illinois, Florida y Nueva York.
