La campaña oficial empezará el 31 de diciembre, pero en las redes sociales como Facebook, Twitter, entre otras, ya se evidencia una precampaña electoral. En las cuentas de algunos de los candidatos y precandidatos a la Presidencia de la República hay publicaciones de fotos, videos y anuncios, así como sus agendas del día, sus recorridos o reuniones promocionando su plan de gobierno o presentando los rostros nuevos de la política.
Desde el 4 de agosto pasado Facebook estableció requisitos en varios países -incluido Ecuador- para poner en circulación anuncios electorales y políticos. Para ello, el anunciante debe someterse a un proceso de autorización, además colocar descargos de responsabilidad en los anuncios e ingresarlos en la biblioteca de anuncios.
Esta herramienta, que es de libre acceso a usuarios, permite, por ejemplo, conocer el gasto que ya han realizado algunos candidatos presidenciales como Guillermo Lasso (Alianza 21-PSC 6). En la biblioteca de anuncios de su cuenta de Facebook consta que del 4 de agosto hasta el 30 de septiembre registra $ 87.759 ($ 87.160 con descargo de responsabilidad y $ 599 sin descargo) por gasto total de la página en anuncios sobre temas sociales, elecciones o políticas.
Por el mismo periodo, Guillermo Celi, candidato por SUMA, reporta $ 1.041 ($ 100 sin descargo de responsabilidad). Gustavo Larrea Cabrera, quien postula a la Presidencia por Democracia Sí, registra un gasto de $ 646, mientras que Marcelo Xavier Hervas, candidato presidencial por la Izquierda Democrática, reporta $ 362.
Lucio Gutiérrez, del partido Sociedad Patriótica, y Gerson Almeida, candidato por el movimiento Ecuatoriano Unido, no registran anuncios.
El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) Luis Verdesoto recuerda que las redes sociales no están reguladas, pero añade que los gastos que se detecten, así sea en las redes sociales, pueden ser imputados al gasto electoral. «Hay gastos en las redes que tienen costo y otros que no tienen costo, por eso las redes digitales son distintas a la forma de comunicación convencional».
Para Verdesoto, la iniciativa de Facebook de transparentar los gastos en publicidad política es muy buena, porque de ese modo permite al CNE mirar lo que se está haciendo, que es la forma de propaganda electoral más consistente en términos de duración, aperturas y número de usos.
Por ejemplo, señala que ese rubro que se revela en Facebook pueden solicitarlo a Google e imputar ese gasto a lo que van a recibir como difusión electoral durante la campaña, pero si hacen un gasto de precampaña se puede sancionar en determinados casos que constan en la Ley.
Según Verdesoto, eso es lo que están buscando incluir en el reglamento de reformas al Código Electoral, primero, que las redes sociales asuman el mismo principio que tiene la reglamentación ecuatoriana, para que de ese modo se autolimiten. Segundo, establecer convenios con las redes sociales para que asuman esa limitación, esto durante la campaña.
Por ejemplo, dice, «si la legislación ecuatoriana dice no habrá financiamiento internacional para las campañas, las redes sepan que no pueden admitir contratos de financiamiento externo. Si la legislación ecuatoriana dice durante la campaña no habrá financiamiento sino del Estado, las redes sepan que no pueden admitir financiamiento durante la campaña».
Sobre la actividad política que ya se evidencia en las redes sociales de algunos candidatos, Verdesoto señala que hay que tener en consideración primero que la reglamentación sobre propaganda electoral está relacionada con una forma de hacer campaña que no contempla la pandemia, por lo que reduce lo presencial y se amplía la campaña mediática, y segundo, que el tiempo antes de la campaña es uno de los más largos y el periodo de campaña uno de los más cortos, de apenas unos 36 días.
Señala que en este momento hay que buscar flexibilidad porque no se puede aplicar ciegamente el reglamento.
Carlos Aguinaga, expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, expresa que hay que distinguir lo que es campaña de lo que es el proselitismo. «Recorrer el país, difundir las reuniones (…), esas cosas sí se pueden hacer, lamentablemente el Código de la Democracia no distingue estas instituciones de la propaganda, del proselitismo, no los distingue adecuadamente y como es genérica la regulación se pueden confundir ciertos actos que son legítimos con actos que no son legítimos».
Señala que más que el proselitismo normal y la propaganda que se pueda hacer antes de la campaña lo que debe preocupar es la «campaña negra» o negativa que se da en las redes sociales y que no tiene un control.
Expresa que esto deteriora los valores democráticos y las condiciones de participación electoral, afectando directamente al ciudadano común que queda desorientado a través de estas campañas maliciosas. «Se ha vuelto una costumbre (…) estigmatizar a los candidatos, a los posibles precandidatos, (con) actos negativos que atentan a la ética política que uno ve en las redes».
Nota Original: El Universo – LINK
