Vía Twitter las familias expresaron su indignación por la posición asumida del Estado ecuatoriano. Ellos mencionan que el Gobierno debe ser el primero en proteger a los ciudadanos. Además indican que no es la primera vez que se intenta evadir la responsabilidad frente a los hechos ocurridos en este año.
En el comunicado numeran seis puntos:
1.Rechazan la ligereza con la que el procurador afirmó lo ocurrido. No se toma en cuenta las pruebas que demuestran los pasos del secuestro.
2.El Gobierno ecuatoriano no ha demostrado que los funcionarios agotaron todos los recursos para traer con vida a Paúl, Javier y Efraín.
3.No se ha cumplido con el compromiso de entregar toda la documentación sobre el secuestro y asesinato.
4.Se conocía que policías de San Lorenzo tenían contacto con los disidentes vía WhatsApp.
5.Preocupa que el Estado se niegue a prestar todas las facilidades al ESE para que pueda realizar un peritaje de seguridad para periodistas en la frontera.
6.No se entiende porque la resistencia a abrir nuevas líneas de investigación y la prisa de recibir el informe del ESE.
A los familiares todavía les queda interrogante y exigen que se tome con seriedad las investigaciones. En la audiencia, la representación de Ecuador fue a través del procurador Íñigo Salvador, quién expuso lo realizado por el Estado.
Comentó que se ha dado apertura para que acceda a todos los documentos, “pese a que han están bajo reserva” en la Fiscalía. En medio de su intervención mencionó dos veces que el secuestro, cautiverio y asesinato se produjo en territorio colombiano.
Asimismo solicitó que la CIDH concluya con el trabajo antes del 31 de diciembre de 2018 y que el equipo de ESE se abstenga de realizar un peritaje a la seguridad de la frontera entre los dos países. Y pidió que la CIDH levante y archive la medida cautelar.
Al finalizar, la presidenta de la Comisión expresó que mantienen su responsabilidad y su ofrecimiento para coadyuvar a los dos Gobiernos y a las familias.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
