Hernán Velásquez, también conocido como El Paisa y quien comandó una de las fuerzas élite de la disuelta guerrilla marxista, abandonó hace meses la zona donde llevaba a cabo su proceso de reincorporación social y económica.
Desde entonces se desconoce su paradero y las autoridades ya recibieron una orden de la justicia especial de paz -encargada de juzgar lo ocurrido durante el conflicto- para que lo ubiquen o determinen si está de nuevo en la clandestinidad. En una carta abierta, Rodrigo Londoño, dirigente la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) , intentó disuadirlo de “retroceder, revivir el pasado, persistir en caminos que el grueso del colectivo decidió dejar atrás”.
“Camarada, hermano, si usted lo considera pertinente, yo mismo me ofrezco para viajar al lugar donde usted se encuentre, con el propósito de acompañarlo en su viaje a Bogotá, para que se sienta más tranquilo en su presentación” ante los jueces de paz, expresó Londoño.
Asimismo, advirtió a El Paisa que está en riesgo de perder los beneficios jurídicos acordados si no se presenta a “dar prueba real de su interés por continuar dentro del proceso de paz” firmado en 2016.
Sospechoso de múltiples asesinatos y secuestros, Velásquez dejó la zona junto con el exjefe negociador de paz Iván Márquez, alegando incumplimientos de lo pactado y falta de garantías jurídicas y de seguridad tras la captura con fines de extradición de Jesús Santrich, acusado en Estados Unidos de narcotráfico, en abril.
Velásquez es el único de los 31 exjefes guerrilleros citados por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que no ha entregado información sobre sus actividades tras la entrega de armas en 2017. Aunque también se desconoce públicamente el paradero de Márquez, la JEP no le ha enviado ninguna notificación, con lo que se presume que sigue en el proceso de paz que puso fin a un conflicto armado de más de medio siglo.
La JEP deberá determinar si Velásquez sigue dentro del pacto de paz, en caso contrario perderá los beneficios y pasará a ser perseguido por la justicia ordinaria. El pacto de 2016 prevé otorgar penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia, sean guerrilleros o militares.
Organizaciones que hacen seguimiento al conflicto han alertado sobre la incorporación de exguerrilleros a las llamadas disidencias de las FARC, que cuentan con un pie de fuerza que ronda los 1 600 combatientes, según la Fundación Paz y Reconciliación.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
