El presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, arremetió contra Viviana Veloz, legisladora solicitante del juicio político, al cuestionar que los argumentos en su contra y los de una acción extraordinaria de protección en relación al caso Sobornos son los mismos.
Este 13 de agosto del 2022 se desarrolla la actuación de pruebas en la Comisión de Fiscalización.
“Hemos escuchado falacias, mentiras, incoherencias y ataques personales. Se ha dicho que Fausto Murillo está impedido para ser vocal y presidente del Consejo de la Judicatura. ¡Mentira!”, exclamó el propio Murillo al iniciar su derecho a la defensa y descargo de pruebas. Presentó un certificado del Ministerio de Trabajo que indicaba que no tiene ningún impedimento legal.
Veloz, como interpelante del juicio político, presentó los argumentos para sustentar el proceso en contra de tres vocales de la Judicatura (Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Morillo) y la expresidenta María del Carmen Maldonado.
La legisladora del Unión por la Esperanza (correísmo) sostuvo que hay motivos que evidencian “de forma nítida el incumplimiento de funciones”.
Pero el titular de la Judicatura manifestó que “se presentó por uno de los asambleístas interpelantes (Fausto Jarrín, legislador hasta julio del 2022) una acción extraordinaria de protección respecto a la sentencia del caso denominado Sobornos, ante la Corte Constitucional (CC).
Argumentos, los mismos que están en este juicio político, cuestionar la intervención de los conjueces temporales. Para qué, para afectar decisiones judiciales firmes”. Esa acción extraordinaria fue inadmitida por la CC en febrero del 2021.
Murillo sustentó su declaración al mostrar en una pantalla párrafos de la acción de protección y del juicio político en el que se hace alusión al artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Esta normativa indica que los conjueces provendrán del concurso de selección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que no fueron titularizados de acuerdo con la nota obtenida.
Y que, en caso de que no se cuente con el número suficiente del banco de elegibles de conjueces de la Corte Nacional, se procederá a designar a los jueces a partir del nivel octavo de la carrera judicial.
Para Murillo, los alegatos del
Correísmo apuntan a la presunta vulneración del debido proceso en la garantía de ser juzgado por un juez competente. Esto respecto al caso Sobornos en el que el expresidente Rafael Correa y algunos de sus exministros fueron sentenciados.
En el proceso actuaron jueces temporales. Es “un pretexto para tomarse nuevamente la administración de justicia”, acotó.
Pero Veloz reaccionó: “No le sigan mintiendo ni engañando al país diciendo que nosotros pretendemos tomarnos la justicia cuando eso es totalmente falso”. Lo dijo al señalar que las principales autoridades de la CNJ y la Fiscalía son brazos ejecutores para perseguir al correísmo.
Insistió en que no se ha vulnerado la independencia judicial y que atendiendo el exhorto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio se fijó parámetros, criterios y metodologías para evaluar a los jueces de la CNJ, que los magistrados en 2019 fueron removidos «por su incapacidad para desempeñar el cargo”. Por tanto, para él, no hay causal para el juicio.
De su lado, la vocal Barreno reiteró que “la evaluación a los jueces en 2019 no se trató de un proceso antojadizo, sino de un mandato expresado a través del Consejo Transitorio, organismo de plenos poderes a través de un exhorto”.
Hasta las 17:53 continuaba la defensa de Barreno. Estaban pendientes las comparecencias de Morillo y Maldonado.
Fuente: El Comercio – Nota Original : LINK
