Desde la instalación de las mesas de diálogo entre el Gobierno, se abordaron tres puntos, según Cabrera.
El primero estuvo relacionado a la normativa legal y plazos para fijar la vida útil de vehículos, en lo que se estableció entre 15 a 17 años para automóviles livianos, y entre 20 y 22 años para buses intercantonales y de otro tipo.
En el segundo punto se planteó la continuidad de la mesa de seguridad en Guayaquil, para fijar acciones frente a los altos índices de inseguridad en la red vial del país.
Finalmente, el tercer tema se vincula a un proyecto de crédito productivo para el transporte con tasas de interés manejables para cancelar las deudas pendientes.
Por otro lado, cuestionó que uno de los nudos críticos que no han sido solventados es el de la inseguridad. Además, exigió la realización de operativos de control por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas.
“De esfuerzos y buena voluntad nadie vive. Demandamos del Gobierno la seguridad que la Constitución garantiza”, dijo.
Por ello, no descartó la posibilidad de “radicalizar” medidas en torno a la falta de soluciones del Ejecutivo sobre la criminalidad en las vías.
“Le apostamos al diálogo, pero jamás renunciamos a nuestro derecho constitucional de resistencia”, dijo.
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