«Pedí que a Lagormarsino se lo impute por todas las hipótesis. Creo hay que investigarlo», dijo a radio Continental Sáenz, una semana después de convertirse en el primer funcionario judicial en sostener que Nisman fue víctima de un homicidio.
«La jueza (Fabiana Palmaghini) y la fiscal (Viviana Fein) están llevando a cabo una ficción en la que solo se le imputó a Lagomarsino por la entrega del arma», dijo el fiscal.
Sáenz destacó que muchos testigos consideran inverosímil que Nisman le pidiera a su colaborador un arma para proteger a sus hijas, tal y como sostiene Lagomarsino.
El fiscal aplaudió la decisión de la jueza Palmaghini de ceder la causa a la Justicia Federal ya que, a su juicio, «es la que tiene la competencia más amplia para conocer y dilucidar cuál de todas las hipótesis implicadas resulta finalmente aplicable al hecho».
La jueza se declaró incompetente para seguir al frente de la causa tras la declaración del exjefe de Operaciones de los servicios de inteligencia argentinos Antonio «Jaime» Stiuso el pasado lunes.
Stiuso, quien colaboraba con Nisman en el marco de la investigación sobre el atentado contra la mutual judía AMIA (que dejó 85 muertos en 1994), declaró que al fiscal «lo mató un grupo relacionado» con el anterior Gobierno, presidido por Cristina Fernández, por la denuncia que el fiscal había interpuesto contra ella días antes de morir.
El exespía tuvo anoche una sorpresiva participación telefónica en un programa televisivo para desmentir al exfiscal Luis María Ocampo, quien en ese momento denunciaba los vínculos de Stiuso con el mundo de la política y la Justicia.
Sobre Stiuso, apartado de su cargo en diciembre de 2014, también pesan acusaciones de presunto lavado de dinero, contrabando y enriquecimiento ilícito.
Nisman fue hallado muerto, con un disparo en la sien, en su domicilio el 18 de enero de 2015 en circunstancias aún sin aclarar.
Su muerte se produjo horas antes de comparecer en el Congreso para explicar la denuncia contra Cristina Fernández por supuesto encubrimiento de terroristas iraníes, que el pasado mayo fue archivada por la Justicia.
