La Fiscalía ecuatoriana anunció que investigará en su país las actividades de la empresa de paquetería OGC, cerrada en España el pasado lunes sin previo aviso y cuya cese de actividad ha afectado a 5.000 usuarios.
Chiriboga se reunió hoy con el fiscal español, y el embajador de Ecuador en España, Miguel Calahorrano, para pedirle que averigüe el paradero de los responsables de la empresa, informarle de la situación de los afectados y anunciarle que el lunes le remitirá un documento escrito solicitándole que la fiscalía española tome las medidas legales correspondientes.
Por la tarde, el fiscal ecuatoriano se reunió con la representante de la Defensoría Pública ecuatoriana, Míriam Ramírez y con los portavoces de los afectados, para informarles de las futuras acciones que se llevarán a cabo en el país latinoamericano.
Hasta el momento, se incautaron 22 contenedores de la empresa de paquetería en Ecuador, que se intentarán entregar a sus destinatarios, según informó Chiriboga, cuyo departamento creará un apartado en su web, disponible a partir del próximo miércoles, donde se podrá comprobar los paquetes que se han encontrado hasta la fecha e informar sobre nuevos casos.
Las autoridades ecuatorianas registrarán los paquetes incautados en Ecuador para conocer su contenido, ya que al parecer varios usuarios han declarado que la empresa les obligaba a indicar que se trataba de menaje de hogar -exento de impuestos-.
Si el contenido de los envíos fuera productos «para ser vendidos» podría existir un delito, según señaló el fiscal ecuatoriano.
La Fiscalía ecuatoriana podrá representar a los damnificados en los procesos penales que se celebren, «independientemente de que las víctimas concurran como acusadores particulares», dijo Chiriboga.
