El fiscal de Pichincha, Juan Salazar, con el apoyo de varios peritos efectuó la diligencia en el rastrillo del recinto militar. Este sería un procedimiento dentro del proceso que se sigue por el 30 de septiembre (30S).
El abogado de la familia Jiménez, Edwin Romero, explicó que la diligencia es solo una inspección ocular técnica de todos los fusiles que se utilizaron el 30 de septiembre del 2010. “Solicitamos las numeraciones de todo este armamento para que sea ingresado en cadena de custodia y que se realicen las pericias correspondientes.
“En el rescate de acuerdo a la orden de servicio fueron usados siete fusiles por el mismo número de oficiales, pero hay otras 50 personas que también usaron este tipo de fusil”. Mencionó que necesitan que se proporcionen nombres y apellidos de los servidores militares y en especial del Grupo GEO que acudió en cumplimiento a una disposición del alto mando superior.
Según Romero, el martes 11 de septiembre del 2018, llegó la documentación en horas de la tarde por parte de Katty Álvarez, secretaria General de Coordinación Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional, en la cual pone una serie de trabas para que se realicen este tipo de diligencia. “No se puede permitir eso”.
Fuente: El Comercio
